Al menos ocho nuevos juicios comenzarán antes de fin de año en Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura (1976-83) y que involucran a los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, anticipó el domingo el Centro de Información Judicial (CIJ).
Los procesos contemplan la investigación de desapariciones, secuestros, torturas y apropiación de menores que tuvieron lugar en la Capital Federal, las ciudades bonaerenses de La Plata y Mar del Plata y las provincias de San Juan, Entre Ríos, Mendoza y Tucumán, señaló el CIJ en su página de internet.
Los juicios involucran a decenas de ex militares, entre ellos los ex dictadores Jorge Videla y Reynaldo Bignone, quienes ya cumplen prisión perpetua por otros delitos de lesa humanidad.
El primero de los juicios previstos comenzará este miércoles en Paraná, la capital de la provincia de Entre Ríos, ubicada a 500 km al noreste de Buenos Aires.
Casi 200 personas fueron condenadas desde 1983 en Argentina por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último régimen militar, según la Procuración General de la Nación.
Durante 2010 concluyeron 19 juicios en los que se juzgó a 119 personas, de las cuales 110 resultaron condenadas (98 condenados nuevos y 12 que ya tenían condenas anteriores) y nueve fueron absueltas, según la fuente.
En tanto, otras 53 personas se sentaron este año en el banquillo de los acusados en once juicios que aún están en trámite, como el que se sigue contra el ex marino Alfredo Astiz y otros, por crímenes en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), entre ellos el de las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon.
Unas 480 personas están detenidas vinculadas con violaciones a los derechos humanos, de acuerdo a la Procuración.
La anulación de las leyes de perdón de mediados de la década de 1980, por impulso del fallecido ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007), permitió la reapertura de centenares de causas por violaciones de los derechos humanos y la realización de juicios orales en todo el país.
Unas 30.000 personas fueron desaparecidas en Argentina durante el régimen de facto y unos 500 niños fueron apropiados, según organizaciones de derechos humanos.