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Juicio inédito a militares por masacre de 250 campesinos en Guatemala
Publicado por: Agencia AFP
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Por primera vez en la historia de Guatemala cuatro militares retirados serán sentados en el banquillo el lunes para que respondan por la matanza de 252 campesinos en 1982, en una de las más brutales masacres perpetradas por el Ejército durante la guerra civil (1960-1996).

Los inculpados, que est√°n detenidos, son juzgados acusados de responsabilidad en la ‘masacre de las Dos Erres’, cometida en la aldea de ese nombre en el norte del pa√≠s. Se trata del teniente Carlos Antonio Car√≠as y los subinstructores Manuel Pop, Daniel Mart√≠nez y Reyes Collin.

“El juicio es una luz para la lucha contra la impunidad en Guatemala, porque esta masacre es una de las m√°s cruentas barbaries cometidas por los militares durante la guerra”, dijo Aura Elena Farf√°n, directora de la Asociaci√≥n de Familiares de Detenidos-Desaparecidos, querellante en la causa, a la AFP.

El juicio es necesario aunque evoque amargos recuerdos a las familias de las v√≠ctimas, porque “si no se abren las heridas todo se va a quedar en la impunidad”, agreg√≥.

En este proceso se podr√° llegar “a conocer la verdad de los hechos porque los familiares de las v√≠ctimas exigen justicia”, a√Īadi√≥.

El juicio en el Tribunal Primero de Alto Riesgo de la capital comienza despu√©s de 17 a√Īos de una batalla legal debido a unos 45 recursos interpuestos por los abogados de los militares.

Oral y p√ļblico, el juicio ser√° el primero contra ex militares, aunque es el segundo por una masacre, pues hace cuatro a√Īos fueron sentenciados seis ex paramilitares por la matanza de decenas de ind√≠genas en la aldea R√≠o Negro, Rabinal, tambi√©n en el norte del pa√≠s.

Los cuatro oficiales est√°n acusados de haber integrado el grupo de 40 militares de la unidad especial Kaibil, que entre el 6 y el 8 de diciembre de 1982, luego de torturar y violar a ni√Īos y mujeres, asesinaron a 252 habitantes de la aldea Dos Erres, en el departamento de Pet√©n, 600 km al norte de la capital.

Hasta ahora han sido detenidos ocho sospechosos por la masacre, de un total de 18 a quienes un tribunal ordenó detener. El resto no ha sido identificado.

Adem√°s de los oficiales juzgados, los otros cuatro detenidos por la matanza –que ser√≠an llevados a juicio pr√≥ximamente– son los ex kaibiles Pedro Pimentel, deportado desde Estados Unidos el 12 de julio; Gilberto Jord√°n y Santos L√≥pez, presos en ese pa√≠s; y Jorge Vinicio Sosa, capturado en Canad√°.

Otros dos sindicados de la matanza ya murieron, y otros ocho están prófugos.

La masacre fue cometida durante la dictadura de Efra√≠n R√≠os Montt (1982-1983), y hasta el momento han sido recuperadas 223 osamentas, incluidas 113 de ni√Īos, precis√≥ Farf√°n.

“La apertura a juicio es fundamental porque se est√°n abriendo espacios para que estos hechos no queden en el olvido y el silencio”, dijo el director del Centro para la Acci√≥n Legal en Derechos Humanos, Mario Minera, a la AFP.

La masacre en esa √©poca provoc√≥ una serie de protestas pac√≠ficas en el pa√≠s, bajo el lema “Horror y terror se escribe con ‘Dos Erres’”.

Aunque la matanza fue perpetrada en 1982, la investigación se inició en 1994 cuando fue descubierto un cementerio clandestino y se inició un proceso de exhumación en una fosa en la que un equipo de forenses argentinos localizó 162 osamentas.

Entre los testigos claves del juicio figuran dos personas que -siendo ni√Īos en aquel entonces- sobrevivieron a la masacre. Uno de aquellos ni√Īos fue registrado como hijo propio por uno de los victimarios, el teniente Car√≠as. Luego de vivir 20 a√Īos con su familia adoptiva, relat√≥ su tragedia y la abandon√≥.

Ante los pocos avances, en el a√Īo 2000 se present√≥ una denuncia contra Guatemala ante el Comisi√≥n Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, que llev√≥ el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San Jos√©, que orden√≥ reabrir el caso y juzgar a los responsables.

Una ‘Comisi√≥n de la Verdad’ auspiciada por la ONU document√≥ 669 masacres, de las cuales 626 fueron atribuidas a fuerzas del Estado. Adem√°s, responsabiliz√≥ a los militares de 93% de los 200.000 muertos y desaparecidos que dej√≥ la guerra civil.

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