La Alta Corte de Londres comenzó a examinar este martes el recurso presentado por el fundador de WikiLeaks Julian Assange en contra de la decisión de extraditarlo a Suecia, país que lo reclama para interrogarlo como sospechoso de cuatro delitos de agresión sexual.

Uno de sus abogados, Ben Emmerson, argumentó que la solicitud de extradición sueca es “legalmente defectuosa” porque “no proporciona una descripción justa, apropiada y precisa” de los delitos que supuestamente cometió Assange, de 40 años.

El australiano siempre ha negado los cuatro supuestos delitos de agresión sexual, incluida una violación, aunque admite haber mantenido relaciones consentidas con las dos mujeres durante una estancia en Suecia en agosto de 2010.

Su abogado insistió en que no estaba poniendo en tela de juicio el hecho que las mujeres “consideraron la conducta sexual de Assange vergonzosa, descortés y perturbadora”, pero insistió que las relaciones fueron consentidas y que, contrariamente a Suecia, esto no constituye delito en el Reino Unido.

La vista, presidida por los jueces John Thomas y Duncan Ouseley, continuará el miércoles y no se espera una decisión en lo inmediato. Sea cual sea el resultado, Assange tiene dispone todavía de un recurso ante la Corte Suprema británica.

Assange fue detenido al final del año pasado en Londres en virtud de una orden de captura europea, y tras pasar nueve días encarcelado, se encuentra desde el 16 de diciembre en libertad condicional y vive prácticamente recluido en la mansión de un amigo situada a unos 200 km al este de la capital.

Su detención se produjo tras el comienzo de la difusión desde 2010 en su portal WikiLeaks y numerosos diarios de miles de cables confidenciales de la diplomacia norteamericana, así como de documentos secretos sobre las guerras de Irak y de Afganistán.

“El trabajo que hacemos a diario se ve enormemente afectado por el arresto domiciliario de Julian. Hace que todo sea muy ineficiente”, señaló uno de sus colaboradores, Joseph Farrell, en un vídeo difundido al cumplirse seis meses de la puesta en libertad condicional de Assange.