La investigación realizada por las facultades de Medicina y Economía de la Universidad Diego Portales señala que sólo un 36% de los chilenos están dispuestos a ser donantes de órganos, cifra que ha ido en descenso en los últimos años fundamentalmente por temores relacionados con la transparencia del sistema.

Durante la Conferencia “Por qué los chilenos no donamos nuestros órganos”, dictada por el doctor Marcelo Muñoz -coordinador de Bioética de la Facultad de Medicina y experto en trasplante de órganos- se dio a conocer los resultados obtenidos del estudio sobre la donación de órganos en la población chilena, realizado por las Facultades de Medicina y de Economía y Empresa de esta universidad.

Marcelo Muñoz indicó que el estudio surgió para analizar la caída sistemática en los índices de donación de órganos para trasplantes en los últimos años, por lo que se realizó una evaluación exploratoria sobre el nivel de conocimiento que la comunidad de la ciudad de Santiago tiene sobre este tema.

En el estudio –que se realizó en 32 comunas de Santiago entre el 3 y 4 de octubre del año 2010- participaron 630 personas entre 16 a 65 años de todos los grupos socioeconómicos.

Los resultados de la encuesta indican que el 75% no sabe de la ley, y el 25% la conoce en algún modo, es decir, 3 de cada 4 personas desconoce el detalle de la iniciativa legal. Las cifras disminuyen en los grupos socioeconómicos más bajos, no habiendo mayor diferenciación entre sexos.

Aún cuando al ser entrevistados 9 de cada 10 personas dijeron tener disposición a donar, a la hora de presentarles una situación real, la cifra se redujo a 4 de cada 10.

El 46% de quienes están en desacuerdo con la donación de órganos para trasplante, plantea temores relacionados con el manejo de la situación post-donación (negocio/poca transparencia) y pre-donación (dejen morir para aprovechar sus órganos, temor que se da con mayor fuerza entre mujeres).

Un 47% rechaza la donación por creencias religiosas asociadas a no alterar el cuerpo después de la muerte. Otro 46% arguye razones de inequidad, falta de transparencia y desconfianza en el sistema de donación-trasplante.

El estudio también hizo un análisis comparativo con otra investigación realizada el año 1999 por la empresa de investigación de mercados, CORPA, que entrevistó a 308 personas, sin incluir el grupo socioeconómico más bajo (E).

En este análisis se desprende que baja la proporción de quienes están dispuestos a donar órganos de 51% a 36% y aumenta considerablemente quienes no están dispuestos a donar, de 11% a 28%. También aumenta la proporción de quienes están inscritos como donantes, de 7% a 31%.

En la contabilidad final de los últimos once años se observa una pérdida por el creciente aumento de aquéllos que se declaran como no donantes. Si en el año 1999 representaban el 12% (1 de cada 10 personas), hoy son un tercio del total (32%).

Sin embargo, en 11 años se logró que la mitad de la población de Santiago mayor de 15 años (49%) -que desconocía la forma de convertirse en donante de órganos para trasplantes- disminuyera al 8%, y que la que casi la totalidad de la población conociera la instancia legal para transformarse o no en un donante.

A la luz de estos resultados parecería que a la idiosincrasia de un ciudadano chileno le es más adecuada una legislación en que el acto de donación fuera un acto positivo o explícito, y no una ley que implique una donación universal (o tácita) como es la actual legislación.

En resumen, los ciudadanos dicen estar de acuerdo o tienen una inclinación favorable para la donación de órganos para trasplante, pero no quieren ser donantes de este “sistema” o institucionalidad vigente. Y esta actitud se hace más evidente cuanto más descendemos en los grupos socioeconómicos (bajos D-E).

Al respecto, el doctor Muñoz indicó que “cuando los números indican que la tasa de donante efectivo va en un descenso absolutamente constante, uno no puede felicitarse de lo que ha estado haciendo, definitivamente uno se tiene que preguntar cuánto más debimos haber hecho y qué es lo que debemos hacer”.

En ese sentido, señala que “me parece que se debiera incluir desde que cómo uno se acerca a la familia a solicitar, a pedir órganos, por ejemplo y también a resguardar la dignidad no solamente de la persona que está en una situación muy dramática esperando un órgano, sino también de la familia que está presenciando el fallecimiento de su familiar, y a la cual hay que ir a solicitarle los órganos”.

Respectos de sugerencia o ajustes a la ley, el facultativo indica que “la ley tiene una cosa positiva, que es el resguardo a la confidencialidad”. “Y en lo negativo es esta situación de solidaridad impuesta o altruismo tácito, me parece que no va con la idiosincrasia, no va con los números obtenidos en nuestro estudio. Y uno podría sugerir una audacia legislativa solicitando que se vuelva a la situación previa”.

Durante la conferencia, expuso también el Dr. Javier Domínguez, quien agregó al estudio en análisis, que en conjunto con la Facultad de Economía de la Universidad Católica se hizo una investigación donde los resultados indican que el Estado podría ahorrarse 10 millones de dólares si invierten en donación.

“Calculamos que anualmente es la cantidad de dinero que se ahorra el Estado por tener un paciente trasplante versus que mantenerlo con diálisis. Porque la alternativa del trasplante renal es la diálisis, y por lo tanto, hoy en día, dado que el Estado financia el 100% de las diálisis de los beneficiarios de FONASA ya está gastando esa plata”, expresó.

“El estudio demuestra que por cada paciente que se trasplanta el Estado ahorra 28 mil dólares, y por lo tanto, si nosotros aumentamos la donación vamos cada vez a ahorrar más dinero”.