Autoridades estadounidenses requerirán a las armerías en estados fronterizos que notifiquen ventas grandes de armas largas, para reducir el tráfico de armamento que nutre al crimen organizado en México, informó este lunes el Departamento de Justicia.
La medida obligará a las armerías de Arizona, California, Nuevo Mexico, y Texas notificar a las autoridades cuando vendan a una misma persona “múltiples” rifles semiautomáticos de calibre mayor a .22 durante un periodo de cinco días, indicó en un comunicado el fiscal general adjunto, James Cole.
Esta decisión se produce cuando la oficina estadounidense que controla las armas de fuego, la ATF, se encuentra en medio de una polémica por una operación que permitió entre 2009 y 2010 el ingreso a México de casi 2.000 armas con la idea de que sirvieran de señuelo para atrapar a grandes traficantes de armamento.
Sin embargo, luego las perdió de vista y dos de ellas fueron vinculadas al asesinato de un agente estadounidense en México.
“Cierto tipo de rifles semiautomáticos de mayor calibre que .22 y que tienen cargadores desmontables son muy buscados por las peligrosas organizaciones narcotraficantes y frecuentemente recuperadas en escenas del crimen cerca de la frontera suroeste”, dijo Cole.
Al obligar a las armerías a notificar las ventas masivas, se mejorará la capacidad de ATF de “detectar y acabar con las redes de tráfico ilegal de armas responsables de desviar armas del comercio legal a los criminales”, dijo el funcionario.
La medida “ayudará a enfrentar el problema del tráfico ilegal de armas hacia México”, agregó.
ATF aclaró el año pasado, cuando anunció que aplicaría esta medida, que no contraviene la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza el porte de armas y es celosamente resguardada por poderosos grupos como la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).
El 80% de las armas incautadas a los carteles provienen de Estados Unidos, según México.
La operación “Rápido y Furioso (Fast and Furious)” de la ATF, que causó roces entre México y Washington, es investigada actualmente por el Departamento de Justicia.
La operación salió a la luz y fue cancelada luego de que dos las armas ligadas a ese programa fueron encontradas en la escena del crimen del agente estadounidense Brian Terry, asesinado el 14 de diciembre de 2010, en un enfrentamiento con supuestos miembros de un cártel mexicano.
