El grupo Fininvest, propiedad del jefe de gobierno italiano Silvio Berlusconi, fue condenado el sábado a indemnizar con 560 millones de euros al grupo CIR de Carlo De Benedetti, al que arrebató en 1991 el control de la editorial Mondadori corrompiendo a un juez y a abogados.

Los jueces del tribunal de apelación de Milán redujeron en un cuarto el monto de la sanción pronunciada en primera instancia en octubre de 2009, que condenaba a Fininvest a pagar 750 millones de euros al histórico rival de Berlusconi, el empresario Carlo De Benedetti.

La condena compensa así al grupo CIR por una decisión judicial que permitió en 1991 al “Cavaliere” apoderarse fraudulentamente del mayor grupo editorial de la península, así como del semanario Panorama. Carlo De Benedetti tuvo que “contentarse” con el semanario L’Espresso y el diario de izquierda La Repubblica, actualmente muy crítico con el jefe de gobierno.

En 2007, la justicia penal consideró que esa decisión fue “comprada”, y de hecho condenó a Vittorio Metta, el juez que pronunció la sentencia en 1991, a dos años y nueve meses de prisión. El abogado de Fininvest, Cesare Previti, que sobornó al juez, fue condenado a un año y medio de cárcel.

El único en escapar a una condena fue el propio Berlusconi, que en 2001 se salvó beneficiado por la prescripción de los hechos.

Según la corte de apelación, el monto de los daños y perjuicios debidos por Fininvest se elevaba a 540 millones de euros en la fecha del juicio en primera instancia. A esa cantidad se añaden los intereses y los costes del proceso (8 millones), lo que equivale a un total de 560 millones de euros.

“Nuestros abogados están empezando a estudiar el recurso ante la corte de casación”, reaccionó rápidamente Marina Berlusconi, la hija mayor del “Cavaliere” y presidenta de Fininvest.

“Estamos seguros de estar en lo justo, no nos dejaremos intimidar”, afirmó Marina Berlusconi, que denunció “una suma equivalente al doble del valor de la participación de Fininvest en Mondadori”.

No obstante, la sentencia pronunciada en apelación deberá ejecutarse inmediatamente, para el pesar del primer ministro italiano.

Éste intentó zafarse in extremis introduciendo esta semana en un plan de rigor un proyecto de modificación del código de procedimiento civil, que suspende las sanciones superiores a 20 millones de euros en apelación hasta que se pronuncie la corte de casación.

Ante la indignación que suscitó la medida, introducida en el último momento en la ley sobre el plan de rigor fiscal, Berlusconi tuvo que dar marcha atrás y retirarla. Incluso sus aliados de la Liga Norte, apoyo indispensable en su mayoría de gobierno, se unieron a la oposición para fustigar la iniciativa.