Japón realizará pruebas de resistencia en todas sus centrales nucleares para verificar su nivel de seguridad tras la catástrofe de Fukushima, anunció este miércoles el ministro de Economía, Comercio e Industria, Banri Kaieda.
La seguridad de los reactores japoneses ya fue controlada en las semanas siguientes a la catástrofe por orden del primer ministro, Naoto Kan, pero estas nuevas verificaciones “permitirán tranquilizar más a la población”, destacó Kaieda, citado por agencias de prensa.
El ministro anunció el plan y aseguró que habrá suministro eléctrico suficiente durante el verano boreal, señalaron las agencias Jiji Press y Kyodo.
Luego de que un tsunami gigante provocara el 11 de marzo pasado importantes fugas radiactivas en la central de Fukushima Daiichi (Fukushima N°1, noreste), las autoridades de las distintas regiones de Japón donde hay reactores expresaron su inquietud por la seguridad de las instalaciones.
Ninguno de los reactores detenidos para mantenimiento después del accidente del 11 de marzo volvió a ponerse en marcha a causa de esas inquietudes, lo que redujo drásticamente la producción de electridad.
Kaieda viajó a Genkai, en la isla de Kiushu (suroeste), para convencer al alcalde de autorizar la reactivación de dos reactores suspendidos.
Finalmente, el alcalde dio su acuerdo, el primero desde el accidente de Fukushima, pero en otros lugares los responsables sigue dubitativos y prudentes.
Más allá de la cuestión de la seguridad, el problema es económico.
Kaieda advirtió que un déficit de abastecimiento prolongado de electricidad podría obstaculizar los esfuerzos de reconstrucción de Tohoku (noreste), desvatada por el seismo de magnitud 9 y el tsunami que dejaron casi 23.000 muertos y desaparecidos en el país.
Antes de la catástrofe, las centrales nucleares aportaban aproximadamente un 30% del consumo eléctrico de Japón, un porcentaje ahora muy reducido ya que sólo están en funcionamiento 19 de los 54 reactores. El resto está parado o en mantenimiento.
Tres unidades situadas en Hamaoka (centro) en una zona de fuerte actividad sísmica fueron detenidos por orden del primer ministro, que exigió trabajos de consolidación de la compañía explotadora.
Las autoridades impusieron un reducción de 15% del consumo de electricidad a las empresas y a las administraciones públicas en las regiones de las megalópolis de Tokio y de Tohoku para evitar que la tensión en la red provoque cortes en el suministro.
La medida es válida para todo el verano, un período tradicionalmente de alto consumo debido al funcionamiento de los acondicionadores de aire.
En torno a la central de Fukushima se estableció una zona prohibida en un radio de 20 kilómetros, pero otras ciudades o pueblos situados más allá de dicha zona siguen recibiendo partículas radiactivas.
El costo de esta catástrofe, la más grave ocurrida en Japón desde la Segunda Guerra Mundial, fue estimado en 250.000 millones de euros (aproximadamente 362.500 millones de dólares).
