La medida que favorecía al grupo económico Fininvest, de propiedad del jefe de gobierno Silvio Berlusconi, introducida en el plan de austeridad y que le evitaba el pago de una multimillonaria indemnización, fue retirada este martes tras haber desatado indignación en Italia.

“Es una norma justa, pero la retiro”, anunció Berlusconi tras la ola de polémicas que generó en numerosos sectores de la sociedad.

“Ha sido un montaje de la oposición, porque muchas empresas podrían beneficiarse”, agregó.

La medida, que modificaba el Código de Procedimiento Civil, suspendía el pago de indemnizaciones de más de 10 millones de euros tras el juicio en primera instancia y de más de 20 millones tras el juicio de apelación.

La medida había sido introducida sorpresivamente por el gobierno de derecha en la ley de ajuste económico, que en principio fue diseñada para apretar el cinturón de los italianos ante la crisis económica.

La decisión de introducir un artículo específico que suspende las sanciones civiles en el plan de austeridad fue tomada, según la prensa local, debido a que el Tribunal de Apelaciones tiene previsto pronunciarse esta semana sobre la condena en primera instancia al grupo Fininvest a pagar una indemnización de un valor de 750 millones de euros (más de mil millones de dólares).

El holding de Berlusconi fue condenado en primera instancia en octubre de 2009 a pagar 750 millones de euros a su histórico rival, el empresario Carlo De Benedetti, tras una larga batalla legal por haberse apoderado en la década del 90 del grupo editorial Mondadori.

La justicia italiana estimó en 2007 que la adquisición de Mondadori en 1991 por parte de Berlusconi había sido realizada a través del soborno de los jueces del caso.

Fininvest presentó recurso contra esa sentencia, por lo que el Tribunal de Apelación deberá fallar esta semana. Si ese tribunal confirma la condena no hay que esperar el tercer juicio, como prevé la ley italiana y el millonario pago debería ser efectuado.

“Es un escándalo, una vergüenza. La ley que salva a Berlusconi debe ser retirada”, clamó Pierluigi Bersani, secretario de la mayor formación de oposición, el Partido Democrático (izquierda).

“El plan de austeridad es un problema para todos los italianos y paradójicamente una solución para Berlusconi. Con ello se demuestra que el gobierno no tiene límites”, comentó.

Entre los más indignados con la medida figuró la Asociación de Magistrados italianos, que tildó de “acto inconstitucional” la introducción del artículo 37 en el decreto, a través del cual se suspenden tales sanciones.

“Peligra el principio de la igualdad de los ciudadanos ante una ley”, comentó por su parte Michele Vietti, vice-presidente del Consejo Superior de la Magistratura.

Mientras la oposición y los jueces protestaban, el movimiento que garantiza la estabilidad al gobierno con sus votos en el Parlamento, la controvertida Liga Norte, había evitado pronunciarse oficialmente.

Según algunos editorialistas, “el truco” de Berlusconi para evitar el desembolso de tanto dinero generó “malestar” inclusive entre los ministros del movimiento populista norteño.

Por su parte, el abogado personal de Berlusconi, el diputado gobiernista Niccolò Ghedini, precisó que no era el autor de la norma, mientras el ministro de Economía, Giulio Tremonti, canceló a última hora una conferencia de prensa para ilustrar la ley por “el mal tiempo”.

Los varios artículos de la ley de ajuste deben ser autorizados por el presidente de la República, Giorgio Napolitano, quien debe revisar si son constitucionales.

Un equipo de expertos estudia el plan de austeridad, que tiene como objetivo para ahorrar unos 47.000 millones de euros antes de 2014, con el fin de aproximarse al equilibrio presupuestario y tranquilizar a los mercados, que temen un contagio de la crisis griega.

El nuevo plan debe ser sometido luego a voto en el parlamento.