La justicia respaldó el acto administrativo que ordenó el descuento de una asignación que beneficiaba a la directora de educación municipal de Villarrica, por no contar con la resolución que autorizó dicho pago por tres años.
La autoridad de Educación de Villarrica, Jacqueline Gajardo Fuentes, contaba con decreto, número y fecha, pero sin firma de la alcaldesa de ese entonces, percibiendo mensualmente y por más de tres años una asignación cercana a los 900 mil pesos.
La municipalidad de Villarrica carece de reglamento que regule la concesión de asignaciones especiales, adicionales a las legalmente establecidas, para los profesionales de la educación que prestan servicios para la misma, lo que fue revelado en una investigación ordenada por el actual alcalde Pablo Astete.
Jacqueline Gajardo, fue comunicada que al no existir Decreto alguno que respalde el pago de la asignación municipal que percibe por un monto de $868.305, la cual se suspendió a contar de abril de 2011, tras lo cual recurrió ante la Corte de Apelaciones.
El tribunal regional señaló en su fallo que la municipalidad de Villarrica no ha incurrido en un acto ilegal o arbitrario al suspender el pago de la asignación municipal, rechazando el recurso de protección en contra de la municipalidad de Villarrica.
