El gobierno español aprobará en abril un plan para luchar contra la economía sumergida, que representa cerca de una cuarta parte del PIB nacional, anunció el miércoles el presidente del ejecutivo socialista, José Luis Rodríguez Zapatero.
“En el mes de abril vamos a poner en marcha un plan que aprobará el consejo de ministros y que buscará hacer un esfuerzo singular para regularizar el empleo sumergido”, declaró en el Congreso de los Diputados tras haber anunciado este proyecto el viernes en Bruselas.
“Para hacerlo eficaz, el plan para aflorar empleo irregular supondrá un fuerte endurecimiento de las sanciones a los empresarios”, añadió.
La idea del gobierno es incitar en primer lugar a las empresas infractoras para que regularicen su situación de aquí a finales del 2012, antes de endurecer la ley.
“La existencia de una potencial bolsa de empleo irregular o sumergido genera sin duda perjuicios al conjunto de la economía española, a las empresas que cumplen la legalidad porque se enfrentan a una competencia desleal, y a los empleados que no cotizan porque están exentos de protección social y laboral”, explicó.
Según las últimas cifras publicadas por los sindicatos de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha), en 2009 la economía sumergida representó un 23,3% del PIB español, es decir 244.900 millones de euros.
Gestha celebró los anuncios, considerando en un comunicado que “esta medida es especialmente necesaria en un país como España, donde la tasa de fraude se sitúa en el 23,3% del PIB (Producto Interior Bruto), 10 puntos por encima de la media de los países de nuestro entorno, como Alemania o Francia, lo que se traduce en unos 245.000 millones de euros anuales que escapan del control del fisco”.
Según la Fundación de cajas de ahorro española, el empleo negro representa unos 4 millones de trabajadores, en un momento en el que España tuvo un desempleo del 20,33% a final del 2010, el más elevado en 13 años y un récord en los países de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos).
