Finlandia tiene la convicción de que Argentina acalló informes positivos sobre el impacto ambiental de una papelera finlandesa cuya instalación en Uruguay motivó un conflicto binacional, y que financió protestas y cortes fronterizos, según cables filtrados por WikiLeaks en el diario El País del domingo.
La embajada de Finlandia en Buenos Aires, que también tiene a Uruguay bajo su jurisdicción, comunicó en agosto de 2007 al embajador estadounidense en esa ciudad, Earl Wayne, su convicción de que el gobierno argentino financiaba manifestaciones contra la planta de celulosa de Botnia (hoy UPM) de capital finlandés sobre el río Uruguay, limítrofe con Argentina.
La embajadora Petra Theman “dijo que su embajada y sus contactos están seguros de que el gobierno (argentino), además de otros grupos, ha financiado a los manifestantes e indicó que de otro modo esos manifestantes ‘marginales’ no habrían tenido otros medios de apoyo”, escribió Wayne en un cable diplomático.
Theman destacó los “altos niveles” de corrupción en Argentina, y en particular en la provincia de Entre Ríos, que encabezaba el gobernador Jorge Busti, quien -según el diario El País- “coqueteaba” con la instalación en sus tierras de la pastera, mientras que en Uruguay esos niveles eran “notoriamente menores”.
Además, el gobierno argentino “forzaba” a callar conclusiones de estudios científicos según los cuales la pastera no dañaría el medio ambiente, reporta Wayne de su conversación con la diplomática, cuyas visiones sobre este conflicto más “político que medioambiental” coincidían, según los cables citados por El País.
“A lo largo de este conflicto la embajada (finlandesa) estuvo en contacto con Greenpeace y otras ONG medioambientales y que se disociaron con las protestas de Gualeguaychú (en Entre Ríos), reconociendo la naturaleza mayormente política de su causa”, escribió Wayne tres meses antes de la puesta en marcha de la pastera.
La instalación de la fábrica de celulosa finlandesa en Uruguay desató un conflicto con Argentina, que la rechazaba por presunta contaminación y violación de un tratado bilateral, e implicó el corte de puentes fronterizos sobre el río Uruguay desde diciembre de 2006 hasta mediados de 2010, cuando el diferendo se zanjó en la Corte Internacional de Justicia de la Haya tras siete años de pugna.
