Estaciones Onemi | José Manuel de la Maza en Fotopresidencia
A un año del terremoto y posterior maremoto, el director nacional de la Onemi entregó un positivo balance de su administración, sosteniendo que las cifras lo avalan y que el mejoramiento de las redes de telecomunicaciones concentró gran parte de la inversión.
A raíz de la tragedia del pasado 27 de febrero de 2010, en un 40% se elevó el presupuesto operacional de la Oficina Nacional de Emergencia. Vale decir de los 4 mil 200 millones de pesos subió a 5 mil 500 millones.
Las cifras son claras, ya que la nueva administración del organismo no desea repetir las falencias presentadas hace un año, y está avocada principalmente a elevar los estándares operacionales.
Tras el terremoto, siete oficinas debieron ser trasladadas de su ubicación original, algunas por estar en zonas de inundación. A lo anterior se suma que los 15 centros mantienen un funcionamiento sin pausas, las 24 horas y los siete días a la semana, conectados una red troncal de alta frecuencia y a la conexión “Torrente” del Ejército.
Una de las críticas más duras realizadas a la institución abarcó la nula capacidad de comunicación con las zonas más complicadas con el terremoto y luego tsunami, por lo que han reforzado el sistema con la red de radio aficionados.
Sin embargo, los ánimos no son para celebrar, según señaló el director nacional de la Onemi, Vicente Núñez.
Sostuvo además que es partidario de que la prevención de riesgo en desastres naturales sea incluida en un ramo de enseñanza básica, principalmente en las zonas con riesgo de maremoto.
Núñez, enfático en todo momento de la entrevista, aclaró que no se referirá bajo ninguna circunstancia a la anterior administración, que estuvo a cargo por cuatro años de Carmen Fernández.
Principales cambios en la institución
Uno de los cambios implementados tras la tragedia del 27 de febrero pasado se centró en una revisión profunda de los riesgos que enfrentaban en ese momento las dependencias regionales de la Onemi.
Las oficinas de Iquique y Antofagasta debieron ser trasladadas a una zona más alejadas del borde costero por el riesgo de inundación.
Asimismo, la de Copiapó debió ser reubicada luego de que no reuniera las condiciones de espacio para un eventual comité de emergencia regional. Lo mismo sucedió en las ciudades de Puerto Montt, Punta Arenas, Talca y Concepción.
