La Fiscalía Regional del Bío-Bío inició la etapa de toma de declaraciones a involucrados en el cuestionado proyecto habitacional “Aurora de Chile”. A su vez el fiscal Pablo Fritz (S), sostuvo un encuentro con el senador Alejandro Navarro, quien proporcionó documentación clave en la investigación del llamado caso Van Rysselberghe. El parlamentario además, presentó denuncias por “amenazas” ante la Policía de Investigaciones de Concepción.
A toda velocidad avanza la investigación de oficio que inició el Ministerio Público a mitad de la semana pasada a cargo del fiscal regional subrogante Pablo Fritz, quien dio la orden de la toma de declaraciones por medio de la Policía de Investigaciones -en primera instancia- a los beneficiarios del proyecto habitacional Aurora de Chile. No se descarta la ampliación de las declaraciones a las autoridades involucradas en el caso Van Rysselberghe.
Para sumar antecedentes en la causa, el senador Alejandro Navarro pensó concurrir a la fiscalía penquista a mediodía, sin embargo amenazas de golpes que -presuntamente- propinarían pobladoras que respaldan la gestión de Van Rysselberghe y que se constituyeron en las oficinas judiciales, frenaron su visita al fiscal de turno. Cecilia Vergara, pobladora de Villa Futuro de Chiguayante hizo causa común con la Intendenta.
Por su parte, Jorge Figueroa, vocero del comité pro defensa de Aurora de Chile, lamentó el hecho, pero se manifestó optimista porque en este caso debiera prevalecer la verdad que está en los documentos que ellos recolectaron con sus vecinos, según el poblador.
Finalmente, el senador Navarro tras interponer una denuncia de amenazas contra los vecinos que acudieron a esperarlo en las afueras de la Fiscalía, en horas de la tarde, se reunió con el fiscal Fritz y aportó los conocidos audios; 15 casos de vecinos de Aurora de Chile con certificado de inhabitabilidad en mano y que no registran daños post terremoto y antecedentes de la licitación que ganó la empresa constructora GPR, contrato que firmó el alcalde de Concepción Patricio Kuhn en julio de 2010, para las obras del proyecto habitacional, que pese a figurar en el presupuesto municipal con boleta de garantía, no tenía aprobación según el ministerio de Vivienda.
La investigación de la Fiscalía podría configurar el delito de falsificación de instrumento público, situación que llevó a tal extremo la crisis que a los 3 periodistas y un colaborador directo que asesoran a la Intendenta en el Bío-Bío, se sumó la empresa santiaguina de estrategia comunicacional Extend, conocida por haber trabajado con los Gobiernos de la Concertación, para derechamente actuar en lo que fuentes cercanas denominaron la mayor crisis política en la era Van Rysselberghe.
