Se acaban de enviar al Congreso dos proyectos de ley que afectan profundamente al sector forestal y a la conservación de la biodiversidad. El plan del Gobierno es claro: quitarle el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (Snaspe) a Conaf, creando un servicio nuevo que estará bajo el alero del Ministerio de Medio Ambiente.
Esta podría ser una excelente noticia si uno supiera que bajo el Ministerio de Medio Ambiente las cosas van a estar mejor. Sin embargo, y tras la oscura experiencia que el país ha tenido con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y toda la trama de intereses políticos y económicos que hay al interior de este sector, inquieta que nuestros parques, reservas y monumentos naturales vayan a parar ahí.
Si bien Conaf no ha estado libre de cuestionamientos y polémicas, si se analiza la relación entre la gestión del Snaspe y el presupuesto de Conaf para estos fines, las conclusiones son muy positivas. Esta institución ha sido capaz de mantener más o menos bien resguardada una enorme extensión de nuestro territorio (más o menos un 19%) con un presupuesto paupérrimo, gracias al empuje de sus profesionales y al sacrificio de sus guardaparques, entre otras cosas.
Desafortunadamente, la institucionalidad ambiental chilena, desde su creación, ha estado orientada a facilitar y legitimar las inversiones más que a velar por la conservación y el manejo sustentable de nuestros ecosistemas. Es extraña esta afirmación, pero desafortunadamente la evidencia indica que es cierto, “nuestra institucionalidad ambiental no fue concebida para proteger el medio ambiente, como uno esperaría, sino más bien para legitimar la degradación ambiental en función del lucro”.
Ejemplos hay muchísimos: proyectos termoeléctricos, plantas de celulosa, y un largo etcétera. Hace pocos días el diario “El Mostrador” publicó un nuevo caso de corrupción asociada a autorizaciones ambientales, en torno a la aprobación de una carretera entre Vitacura y Chicureo que pasó por sobre el Parque Metropolitano, por cierto, degradándolo. Es triste pero es un hecho: la institucionalidad ambiental chilena está atravesada por el lobby de las grandes empresas y los intereses de los partidos políticos.
El nivel de degradación de nuestros ecosistemas, especialmente en ciertas regiones del país, es una amenaza real a la conservación de la biodiversidad. Desafortunadamente hay especies emblemáticas como el zorro, el pájaro carpintero, etc., que cada vez son más escasas.
No podemos dejar algo tan importante como nuestras áreas protegidas en manos de “operadores políticos”. Uno de los riesgos con estos proyectos de ley es que se debilite el rol del Sistema de Áreas Protegidas, que se legitime la desafectación de zonas en función de proyectos productivos, que se “privaticen” algunas áreas bajo la ideología del libre mercado, etc., y que el objetivo de fondo de las áreas protegidas, que es la conservación de la biodiversidad, pase a un segundo plano.
En Chile todo está en venta, y obvio, quienes compran son el mismo 5% que es dueño del 80% del país.
Mientras la Institucionalidad ambiental chilena siga “atrapada” por intereses políticos y económicos no es conveniente que ellos asuman algo tan importante como la conservación de la biodiversidad.
La solución es otra: dotar a Conaf del presupuesto que necesita, porque si el objetivo es “mejorar” la protección de los ecosistemas, como dijo el Presidente Piñera hace algunas semanas, entonces aumenten el presupuesto de Conaf. ¡Así de simple!
René Reyes
Ingeniero Forestal
Estudiante de Doctorado Universidad de British Columbia, Canadá.
