Imagen | Fiscalía Región de Valparaíso
La Fiscalía de Los Andes logró que la justicia ordenara el comiso y subasta de bienes vinculados al lavado de dinero por 264.267.557 pesos (aproximadamente medio millón de dólares), y condenara a cuatro años de cárcel una pareja que reconoció su responsabilidad en el ilícito.
La investigación del caso estuvo en manos del fiscal jefe de esa comuna, Ricardo Reinoso, quien llevó a juicio a Patricio Peredo Cáceres y a María de la Luz López Pérez por lavado de activos entre diciembre de 2003 y febrero de 2008, mes a contar del cual ambos estuvieron en prisión preventiva; medida cautelar bajo la que se mantuvo al imputado hasta dictada la sentencia.
El comiso y subasta pública fue ordenado respecto de 23 vehículos, varios de ellos camiones, tractocamiones y semiremolques, una parcela de 6.000 metros cuadrados, joyas de diverso valor y más de 25 millones de pesos en dinero efectivo, además de cuentas y depósitos por un monto similar.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, desde diciembre de 2003 los imputados poseyeron, usaron y ocultaron dinero y bienes que directa o indirectamente eran fruto de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes.
Según los antecedentes contenidos en la formalización del caso, desde 1997 Peredo realizó distintas actividades de tráfico ilícito de estupefacientes, consistentes en la adquisición, guarda, acopio y posterior comercialización de cocaína traída desde el norte del país para ser distribuida entre jóvenes y trabajadores de las regiones Quinta y Metropolitana.
De acuerdo con la investigación, las operaciones de narcotráfico le permitieron a Peredo adquirir los bienes, realizar operaciones en entidades bancarias e iniciar y financiar actividades comerciales en el rubro de transporte y cultivo de frutales a nombre de su conviviente, de dos hijas de ambos y del hijo de aquel.
El imputado adquirió dos camiones avaluados en 20 millones de pesos cada uno, mientras que su conviviente figuraba como propietaria de otros 14 vehículos avaluados en más de 99 millones de pesos.
Los hijos de la pareja también figuraban con propiedad sobre vehículos similares, todos los cuales suman más de 35 millones de pesos en avalúo.
La imputada tenía en su poder una parcela adquirida en 20 millones de efectivo, además de otro inmueble adquirido en más de 10 millones de pesos, ambos ubicados en la comuna de San Esteban.
La mujer había iniciado actividades ante el Servicio de Impuestos Internos el 2001, con un capital inicial de dos millones 500 mil pesos, bajo el giro de agricultora, arrendataria y compra y venta de productos agrícolas y deshidratados, mientras que a diciembre de 2006 su capital declarado ascendía a más de 60 millones de pesos, lo que denotaba un aumento explosivo e injustificado de 24 veces o una rentabilidad de 2.400% en ese patrimonio, lo que no guardaba relación con el giro del negocio.
Los ilícitos propios de narcotráfico que dieron origen a esta causa por lavado de dinero se tramitan en causa separada. Ambas investigaciones fueron trabajadas por la Fiscalía con el apoyo de la Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los Andes.
“La sentencia condenatoria en materia de lavado de dinero, dictada por el Tribunal de Garantía de Los Andes en la investigación, resulta de un gran valor e interés para toda la comunidad dado que permite retirar de circulación una serie de bienes que habían sido adquiridos con dineros de origen ilícito”, dijo la subdirectora de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, Delitos Económicos y Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional, Tania Sironvalle.
“Por otro lado -agregó-, al ser considerable la cantidad de bienes decomisados, la sentencia genera un efecto comunicativo de gran trascendencia, desincentivando la realización de operaciones de tráfico de drogas, ya que permite a la comunidad darse cuenta que el ocultamiento o aprovechamiento de bienes de origen ilícito es sancionado de forma independiente”.
Sironvalle destacó finalmente que “esta sentencia contempla una de las penas de comiso más altas en materia de lavado de dinero que se han dictado en el país, por un monto que será destinado a programas de prevención y rehabilitación del consumo de drogas, bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior”.
