Fue confirmada la Acusación Constitucional que interpondrán todos los parlamentarios de oposición del Bío-Bío, contra la Intendenta Jaqueline Van Rysselberghe, por el manejo del conflicto en la Mina El Chiflón del Diablo, donde la máxima autoridad regional los dejó fuera de cualquier interacción con las trabajadoras en huelga. El Gobierno Regional dio a conocer que la petición de impedir la entrada a los legisladores la realizaron las mismas mujeres que mantenían tomado el recinto.
Con un mandato que incluso fue aprobado por las mesas directivas del Partido Socialista y Demócrata Cristiano, la acusación constitucional contra la Intendenta Jaqueline Van Rysselberghe, será interpuesta en el Congreso el martes.
Esta apunta al manejo del conflicto que realizó la máxima autoridad regional cuando negoció con las mujeres que por 7 días se tomaron la mina el Chiflón del Diablo en Lota solicitando la reposición de cupos de empleo de emergencia.
La Oposición acusa al Gobierno Regional de impedir la acción de los parlamentarios, cuando negaron el ingreso de éstos a la mina, pese a que también representan a un poder del Estado.
El anuncio lo realizaron en la plaza Independencia de Concepción, donde al mismo tiempo realizaba una manifestación a favor del Gobierno un grupo de dirigentes juveniles de la UDI, que increparon a parlamentarios, concejales y alcaldes presentes en la acción pública, calificando la acusación constitucional como una bajeza.
La respuesta oficial del Gobierno apareció a través del Gobernador de Concepción, Carlos González, quien expresó que si no hubo contacto entre parlamentarios de oposición con las mujeres en huelga fue porque ellas mismas lo decidieron así.
A esta acusación constitucional se suma la revisión que hará la Comisión de Defensa de la cámara para revisar el accionar de Carabineros, que según los parlamentarios de oposición fue excesivo y terminó con zamarreos contra la diputada Clemira Pacheco (PS).
