La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió 3 recursos de protección relacionados con despidos de ex funcionarios de distintas reparticiones de gobierno, a quienes se les puso fin anticipado a sus contratas durante los últimos meses.
En fallos de distintas salas, del tribunal de alzada capitalino resolvió la situación de tres funcionarios del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), dos funcionarios del Instituto Nacional de Deportes (IND), y cinco funcionarios del Ministerio de Educación, a los que se les finiquitó con anticipación sus contratos acordados hasta el 31 de diciembre próximo.
En los dos primeros casos la Sexta Sala decidió acoger los recursos de protección y ordenar a la Segegob y el IND respetar los contratos con los funcionarios desafectados.
Se trata de Alfonso Nespolo Cava, Erick Carmona Rebolledo y Raúl Villagrán Rozas y de Sofija Tepes Cancino y Claudio Bossay Salinas los que fueron despedidos -en julio y agosto de este año- por sus respectivas jefaturas.
En ambos casos, se consideró que las desvinculaciones no se encuentran justificadas de acuerdo a la ley, requisito indispensable para poner fin a este tipo de relación laboral.
“El uso de una facultad discrecional no exime de manera alguna a la autoridad de fundamentar sus decisiones, transparentando las razones jurídicas y fácticas que le sirven de sustento, haciendo constar en sus resoluciones cómo la adecuada administración de los medios determina adoptar una cierta decisión”, dicen ambos fallos.
Las resoluciones obligan a ambas entidades a expresar los argumentos del despido.
En ambos casos la Corte señala que se encuentran afectados los derechos de propiedad e igualdad ante la ley de los recurrentes, de acuerdo a la siguiente argumentación.
“La conducta que se reprocha vulnera el derecho de propiedad cuya protección vienen en solicitar los recurrentes respecto de sus cargos a contrata, privándolos del derecho a permanecer en sus funciones hasta el 31 de diciembre del año en curso mientras cumplan sus obligaciones funcionarias, recibir las remuneraciones correspondientes y no ser removidos por procedimientos ilegítimos”.
Ante ello se ordena respetar los contratos de los cinco funcionarios desvinculados hasta su término y pagar los dineros que se adeudan desde su despido.
En el caso de los funcionarios del ministerio de Educación Isabel Rojas Villarroel, Wilson Valdivia Montecinos, Héctor Chamaca Pérez, Juan Román Cárdenas y Sergio Díaz Hernández, la Séptima Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de protección presentado.
Los ministros Raúl Rocha, Alejandro Solís y el abogado integrante Jaime Guerrero consideraron ajustadas a derecho las desvinculaciones decretadas argumentando que está dentro de las facultades de la autoridad del Ejecutivo, por lo que no corresponde hacer respetar sus contratos hasta su término.
