Obligar a las mineras a ahorrar un dos por ciento de energía al año y hacer cambios al servicio de evaluación de impacto ambiental para que considere a todos los proyectos a la hora de aprobar uno nuevo son algunas de las propuestas de Greenpeace.
Ambas ideas forman parte del documento “Chile Sin Carbón” elaborado por el investigador, Miguel Márquez, que la institución financió con miras a la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
El coordinador de campaña de Greenpeace, Samuel Leiva, dijo que mientras Chile no adopte una política energética conjunta que no contraponga los intereses medioambientales con los económicos, será muy díficil avanzar en la materia.
Márquez apuntó a que a pesar de la suspensión del proyecto Barrancones y el fallo de la Corte Suprema en contra de la termoelectrica Castilla, aún siguen en carpeta varias iniciativas en base a combustibles fósiles.
A juicio del diputado demócrata cristiano, Patricio Vallespín, aún no existe el piso político suficiente que permita hacer reformas juridicas revolucionarias que potencien el desarrollo de las energias renovables no convencionales.
La idea de estos activistas es que está propuesta también sea integrada dentro de los documentos que llevará Chile a la Cumbre de la ONU sobre Cambio Climático en 2011.
