La presidenta argentina, Cristina Fernández, tendrá que administrar el Estado por decreto en 2011, el último año de su gobierno, debido a que un robusto frente de fuerzas de derecha, centroizquierda y peronistas disidentes bloqueó la ley de presupuesto en el Congreso.
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La decisión fue tomada al fracasar la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados, luego de tres meses de discusiones en comisión y un plenario esta semana que terminó en escándalo, denuncias de presiones indebidas del Gobierno y una bofetada de una opositora a un legislador oficialista.
“No vamos a llamar a sesiones extraordinarias para tratar el Presupuesto”, anunció por TV el ministro del Interior, Florencio Randazzo.
Por lo tanto, el mecanismo institucional que empleará la jefa de Estado será prorrogar el presupuesto 2010 y actualizar la ejecución por decreto, lo cual no es raro en Argentina desde la restauración de la democracia en 1983, pues sólo cuatro veces se aprobó en tiempo y forma la Ley de Leyes.
La Unión Cívica Radical (UCR, socialdemócrata), primera oposición en Diputados y el Senado, había anunciado poco antes estar dispuesta a dar quórum para debatir el presupuesto si Fernández aceptaba introducir modificaciones.
Pero la propuesta de la UCR cayó en saco roto a raíz de que la mandataria se rehúsa a negociar con la oposición, estilo de cogobierno matrimonial que impuso junto con su extinto marido, Néstor Kirchner, líder peronista y presidente entre 2003 y 2007.
“El oficialismo no quiere tener presupuesto”, interpretó el vicepresidente de la cámara baja, Ricardo Alfonsín, el principal presidenciable por la UCR e hijo del extinto Raúl Alfonsín, mandatario de la transición democrática hasta 1989, después de la dictadura (1976-1983).
El proyecto oficial, presentado para el año en que los argentinos volverán a elegir presidente en octubre, prevé un crecimiento de la economía de 4,3% y una inflación anual de 8,9%, con un peso que se devalúa de 3,99 a 4,10 por cada dólar.
Respaldada por el poderoso sector sindical del gobernante peronismo y otros aliados, Fernández contempló volver a pagar deuda pública con reservas del Banco Central (autoridad monetaria) como en 2010.
La oposición objetó este uso de las reservas monetarias y también la pauta inflacionaria, debido a que el organismo oficial de estadísticas INDEC está denunciado en la Justicia por manipularlas.
En lo que va del año, el índice minorista del INDEC está por debajo del 10%, cuando las consultoras privadas, e incluso los sindicatos para negociar salarios, lo calculan en más del 25%.
Subestimar un crecimiento que los economistas esperan en más del 6% en 2011 y calcular una menor recaudación fiscal le permite al Gobierno contar con un suculento excedente de fondos, cuyo gasto escapa a los controles.
El proyecto incluye crear un Fondo de Desendeudamiento con reservas del Banco Central por 7.509 millones de dólares, parte de los cuales serán destinados a empezar a honrar una deuda impaga con el Club de París que orilla los 7.500 millones de dólares.
“El oficialismo acusa a la oposición (de poner palos en la rueda), pero en realidad prefiere manejar discrecionalmente los fondos públicos”, dijo Gerardo Milman, del opositor partido centroizquierdista GEN.
El temor de cámaras empresariales y opositores es que el Gobierno incremente el gasto público sin medida en un año electoral.
Mientras tanto, la sociedad argentina mezcla diversión y estupor mirando por TV e internet el incidente de la última sesión en comisión de Diputados cuando la opositora peronista Graciela Camaño le asestó una cachetada al kirchnerista Carlos Kunkel.
Hasta un videojuego fue creado para que la gente mantenga por internet un combate boxístico con Kunkel, mientras que la comisión tuvo que archivar el caso de presunta compra de votos para aprobar el presupuesto al no presentar pruebas las dos diputadas opositoras denunciantes.
