Los trabajadores de La Nación pidieron a los Tribunales de Justicia designar un arbitro para evaluar la legalidad de la junta de accionistas que determinó el cierre de la edición impresa del diario.

Víctor Pérez, presidente del Sindicato Nº1 de la empresa periodística estatal, acusó a los accionistas de no tener las facultades para cambiar el giro de la compañía.

Pérez pronosticó que más del 50% de los trabajadores de La Nación podrían perder su trabajo.

El escrito lo interpuso el abogado Aníbal Palma ante el Primer Juzgado Civil de la capital.