Venezuela “exige” a España que cesen las declaraciones de responsables de su gobierno en las que se “asocia” al país sudamericano con el grupo armado vasco ETA, expresa un comunicado del ministerio de Relaciones Exteriores, difundido el jueves.
“Venezuela rechaza tajantemente las declaraciones que de manera insistente y repetida han producido el vicepresidente del Gobierno de España, Alfredo Pérez Rubalcaba, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, en el sentido de asociar al pueblo y al gobierno de Venezuela con la banda terrorista ETA”, reza el texto oficial.
El gobierno de Venezuela “exige el cese inmediato de estas declaraciones ambiguas y tendenciosas de parte de altos responsables gubernamentales de España”, agrega.
Según el texto, las declaraciones serían “una demostración de cobardía política” con la que “la clase política española pretende justificar su fracaso en la lucha contra este flagelo, intentando endosárselo al gobierno y al pueblo de Venezuela, país históricamente extraño a este violento fenómeno cuya única raíz y razón de ser se encuentra en España”.
Este comunicado coincide con la solicitud de extradición que hizo la semana pasada el gobierno español al venezolano del presunto miembro de ETA, Arturo Cubillas, residente en Venezuela, “en base a distintos delitos que tienen que ver con el terrorismo”, según informó entonces Rubalcaba.
A Cubillas se le señala de ser responsable de brindar entrenamiento a integrantes del movimiento separatista en el país sudamericano.
Jiménez dijo por estos días que el gobierno estaba “a la espera de la respuesta de Venezuela” y dijo que mientras se producía su “actitud” sería “la de confiar en la respuesta que pueda haber”.
El miércoles, Cubillas, que tiene la nacionalidad venezolana, declaró en calidad de testigo ante un fiscal de Caracas, que, a instancias del presunto militante de ETA, investiga las acusaciones formuladas por España
En Venezuela no se ha confirmado la recepción del pedido de extradición. Por ley, Venezuela no extradita a sus ciudadanos.
El presunto miembro de la banda armada vasca fue deportado a Caracas en 1989 junto a otros 10 etarras en virtud de unos acuerdos entre Venezuela y España.
