Varias asociaciones estadounidenses defensoras de los derechos civiles se dijeron satisfechas por la orden de un juez federal que suspendió una ejecución programada el jueves en California, pero deploraron “el caos” jurídico en torno a la pena capital.
Luego de varios días de idas y vueltas judiciales, el magistrado Jeremy Fogel finalmente decidió suspender la ejecución de Albert Greenwood Brown, condenado a muerte en 1980 por la violación y asesinato de una adolescente de 15 años, fijada inicialmente para el jueves a las 21:00 locales, y que hubiera puesto fin a una moratoria de más de cuatro años
“Creemos que esta es la decisión correcta”, dijo a la AFP James Clark, de la Unión estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) en Californiana (oeste). “Hay un caos jurídico en este caso (…) y hay demasiadas cuestiones jurídicas sin responder”, añadió.
El magistrado, que la semana pasada había dado luz verde a la ejecución de Brown, dio marcha atrás sobre su decisión el martes, a pedido de una corte federal de apelaciones de San Francisco, ante los problemas que presenta el protocolo de inyecciones letales.
“Este es sólo un nuevo ejemplo de por qué California debe reemplazar su disfuncional sistema de pena de muerte por la condena (de cárcel) de por vida sin posibilidad de salir bajo palabra y con indemnización a las víctimas”, dijo de su lado Lance Lindsey, director de la organización Death Penalty Focus.
La moratoria sobre las ejecuciones había sido decidida por el propio Fogel en 2006, por estimar que las inyecciones letales incluyen un castigo “cruel e inusual”, prohibido por la Constitución estadounidense.
