Son apenas un puñado de personas con pancartas que cada martes se colocan a un costado de la catedral de Bogotá a pedir por la libertad de sus familiares, 19 militares y policías rehenes de la guerrilla, a quienes dicen que sólo los acompaña “la misericordia de Dios”.

Desde 2003, sobre la céntrica plaza de Bolívar a cuyos lados se alzan también las sedes del Congreso y del Palacio de Justicia, estos manifestantes gritan consignas pidiendo porque estos rehenes, algunos con más de diez años de cautiverio, “regresen vivos”.

Silvio Hernández, padre del mayor de la policía Elkin Hernández, secuestrado el 14 de octubre de 1998, lleva puesta una camiseta con la lista de los rehenes y camina junto a sus compañeros de la Asociación colombiana de familiares de miembros de la fuerza pública retenidos y liberados por grupos guerrilleros (Asfamipaz).

“Yo estoy muy acabado, mi señora también. Tenemos la fuerza de la esperanza de que un día salga nuestro hijo y nos llene de felicidad, pero eso es apoyarse en la misericordia de Dios”, dice Hernández a la AFP.

“No sabemos si (las fuerzas de seguridad) estén merodeando alrededor de donde tienen a los secuestrados, si estén penetrando con labores de inteligencia. Lo que vemos es que las vías negociadas están cerradas, ni siquiera hay ya comisionado de paz”, refiere Hernández, al comentar la política del recién estrenado gobierno del presidente Juan Manuel Santos.

Las izquierdistas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) retienen a estas personas con la intención de canjearlas por guerrilleros presos. Sin embargo, desde 2008 han liberado unilateralmente a ocho políticos y seis policías y militares, en algunos casos con mediación internacional, de la Iglesia católica y del colectivo Colombianos y colombianas por la paz.

Asfamipaz pide por una negociación del gobierno y las FARC que logre la liberación de los 19 militares y policías que aún se encuentran cautivos. También insta a la guerrilla a continuar las liberaciones unilaterales. Pero sobre todo rechaza la opción del rescate militar, por temor a que puedan resultar muertos los rehenes.

“Reconocemos los rescates, pero no queremos que esa sea la vía”, dice Marleny Orjuela, directiva de Asfamipaz, al señalar que pese a los operativos exitosos de la Operación Jaque (2008) y Camaleón (2010) en los que fueron liberados la ex candidata presidencial Ingrid Betancort, tres estadounidenses, y 15 uniformados, otras acciones han terminado en la muerte de rehenes.

“Una salida digna de parte de las FARC sería la liberación unilateral”, afirma Orjuela.

Sandra Sánchez, esposa del sargento segundo del Ejército Francisco Aldemar Franco, con quien tiene un hijo de ocho años de edad, ni siquiera menciona la palabra liberación, sino que se lamenta porque desde su secuestro el 21 de marzo de 2009 “nunca he recibido pruebas de vida”.

“Él es enfermero de combate. Estaba brindando primeros auxilios a unos militares heridos cuando le dispararon y se lo llevaron, a él solamente. Estoy luchando por una prueba de vida. No nos merecemos esto. Los padres mueren sin haber vuelto a ver a sus hijos, los hijos crecen sin el padre”, dice.

Además de los policías y militares rehenes de la guerrilla, en Colombia cientos de civiles sufren cada año el secuestro con fines extorsivos.

Claudia Llano, vocera de la Fundación País Libre, que atiende a víctimas de ese delito, señala que a lo largo de 2010 se ha fortalecido el secuestro “de corta duración” por parte de delincuentes comunes, y persiste el que busca la extorsión a empresas.

“El secuestro sigue presentándose como un delito que causa mucho temor. Las familias de los secuestrados, sea por la causa que sea, tienen una homogeneidad: lo único que quieren es que su ser querido regrese. Si no regresa, se sienten olvidados. Una familia con un rehén siempre se va a sentir desolada”, explica Llano.