Funcionarios del Programa Orígenes criticaron duramente a la Contraloría por avalar en su contra un trato denigrante por parte de las nuevas autoridades de gobierno y parlamentarios de la Alianza, quienes los habrían calificado como verdaderos delincuentes.

Esto luego que la Contraloría, emitió un informe en donde se señalan una serie de irregularidades que alcanzan más de $4 mil millones, recursos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Carlos Fernández, presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes del Programa Orígenes, aseguró que las declaraciones de los parlamentarios de gobierno, buscan terminar con este programa indígena.

Fernández criticó duramente a las nuevas autoridades del sector como el director nacional de Conadi, Francisco Painepán y la coordinadora nacional del Programa Orígenes, Karina Doña, por tratar como delincuentes a los funcionarios de la entidad pública.

Los empleados fiscales señalaron que al interior de estas reparticiones públicas, existe una odiosa persecución en contra de los funcionarios a honorarios que desempeñan labores desde los gobiernos de La Concertación.