Por violación de garantías constitucionales se presentó una acción judicial en contra del Ministerio Público y el Juzgado de Garantía de Lautaro. Testigo protegido de la fiscalía es investigado por separado y no fue acusado de manera conjunta con el resto de imputados.
El recurso de protección es en favor de 7 imputados actualmente en prisión preventiva, en una causa seguida ante el Juzgado de Garantía de Lautaro.
Lo anterior luego que los defensores fueron notificados de la comunicación del Ministerio Público, en orden a separar la investigación respecto del “imputado protegido” José Enrique Ortíz Linco.
Esta decisión fue tomada por el Ministerio Público justo antes de cerrar la investigación y formular la acusación, por lo cual no cabría el cierre de la investigación, ni tampoco se encuentra actualmente acusado, pidiendo expresamente que se notifique sólo a la fiscalía, querellantes y al abogado defensor del imputado.
La resolución del juzgado de garantía de Lautaro, señaló la abogada Karina Riquelme, es contraria a derecho toda vez que tiene por comunicada la decisión del Ministerio Público, sin tener en consideración que la interpretación que se le está dando no se encuentra establecida en la ley.
Según Riquelme, dicha actuación no solo es ilegal si no también arbitraria, pues de la lógica se deduce que en un caso tan complejo, todos los imputados deben ser investigados, y acusados en una misma causa.
El recurso de protección indica que el Ministerio Publico, se encuentra vulnerando normas al caer en la distinción con respecto a uno de los imputados, quien aún habiendo sido formalizado por los mismos hechos, no solo se encontraba en libertad, sino que además José Ortíz Linco no se encuentra acusado por el Ministerio Publico por ningún delito.
Existiendo por lo tanto una afectación a los derechos de los recurrentes, quienes exigen que el físcal acuse y lleve a juicio a quien dice haber participado de los mismos hechos por los cuales se están pidiendo actualmente más de 40 años de presidio.
