El fiscal general de Honduras, Luis Rubí, reiteró el lunes que el depuesto presidente Manuel Zelaya debe someterse a la Justicia en los casos que enfrenta por corrupción, pese a que la Organización de Estados Americanos (OEA) pidió exonerarlo.
“Las convenciones de la OEA contra la corrupción no permiten que estos delitos caigan dentro del decreto de amnistía”, aseguró Rubí en rueda de prensa en el ministerio Público.
Una comisión de la OEA, que estudia la reincorporación de Honduras al organismo, entregó la semana anterior sus conclusiones, entre las cuales recomendó eliminar los juicios contra el ex presidente, exiliado en República Dominicana.
Las demandas contra Zelaya por traición a la patria y abuso de autoridad, entre otros, se presentaron “cuando se vivía una situación de ruptura constitucional” y son percibidos como “políticamente motivados”, señaló la comisión, encabezada por el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza.
Honduras fue suspendido de la OEA el 4 de julio de 2009 debido al golpe de Estado del 28 de junio contra el entonces presidente, Zelaya, quien intentaba realizar una consulta popular -declarada ilegal por la Justicia y el Congreso- con el fin último de reformar la Constitución para poder ser reelecto.
El actual presidente, Porfirio Lobo, que asumió el 27 de enero, ha dicho que Zelaya puede regresar a Honduras cuando quiera y que se le garantizará su libertad para que se defienda ante la Justicia.
Lobo aprobó una amnistía para los implicados en el golpe, incluido Zelaya, pero sólo abarca los delitos políticos, porque no dispone de facultades legales para incluir los delitos comunes, como corrupción y fraude.
“Los delitos de carácter político obviamente caen dentro de la esfera de la amnistía. Los delitos no contemplados específicamente en ese decreto tienen que sujetarse al derecho interno”, subrayó el fiscal general.
