Una masiva formalización se realizó este viernes en el 12º Juzgado de Garantía de Santiago, que corresponde a los 27 imputados por los delitos de tráfico, microtráfico y tenencia ilegal de armas, luego de que el martes, la Policía de Investigaciones -simulando un funeral- allanara la población La Legua Emergencia, incautando 60 mil dosis de estupefacientes, entre pasta base y clorhidrato de cocaína.

El tribunal decretó la prisión preventiva para 20 imputados por el delito de tráfico, dentro de éstos, existe un menor de edad que deberá permanecer en internación provisoria. Los 7 restantes fueron formalizados por microtráfico y tendrán que cumplir las medidas cautelares de arraigo nacional y firman mensual.

Junto con esto, a varios detenidos se les formularon cargo por tenencia ilegal de armas.

De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la Fiscalía Metropolitana Sur, las familias Zorilla Figueroa y Santolaya Serey, junto a otros habitantes de las pasajes Francisco de Zárate, Santa Catalina y Sánchez Calchero, de San Joaquín, presuntamente se dedicaban al tráfico ilícito de drogas.

Lo anterior, el Ministerio Público lo acreditó con la utilización de un agente encubierto que le compraba drogas a los imputados y con interceptación telefónica de los indagados. Además, luego del operativo que simuló un cortejo fúnebre, se allanaron 22 viviendas pesquisando la droga, armamentos y dinero en efectivo.

Al respecto, el Fiscal Regional Sur, Alejandro Peña, explicó que es satisfactorio para la fiscalía obtener las prisiones preventivas de los sujetos tal como lo habían solicitado.

“Los antecedentes aportados daban cuenta que se encontraban justificados los crímenes por los cuales fueron formalizados estos sujetos y además existen en la investigación presunciones fundadas de su participación en los diversos delitos. Seremos muy estrictos en la persecución penal de estos sujetos que se aprovechan del entorno geográfico y del enclave en que está inserta la población Legua Emergencia para tratar de cometer sus crímenes y simples delitos en plena impunidad” aseguró.

El tribunal decretó un plazo de investigación de 90 días.