La fiscalía del Tribunal supremo consideró este lunes que los hechos reprochados al juez estrella Baltasar Garzón, acusado de prevaricación por haber querido investigar sobre los crimenes amnistiados del franquismo, no constituían delito alguno.
Esta postura, manifestada en conclusiones provisorias anteriores al proceso ante el Tribunal supremo, es conforme a la que postula la fiscalía desde que se inició el caso.
La fiscalía considera que los hechos de los que se imputa a Garzón no constituyen delito.
Garzón está cuestionado por “prevaricación” por organizaciones de extrema derecha por haber pretendido investigar, en 2008, por primera vez sobre los desaparecidos de la Guerra civil y de la represión franquista, “infringiendo” la ley de amnistía general votada en 1977, dos años después de la muerte de Franco.
El Tribunal supremo instruyó la semana pasada el inicio del proceso, última etapa procesal antes de la apertura efectiva del proceso a Baltasar Garzon, cuya fecha aún no fue fijada.
Garzón fue suspendido de sus funciones el viernes por el Consejo general del poder judicial (CGPJ) y trata de conseguir la aprobación para integrarse a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya.
Mundialmente conocido como pionero de la justicia universal y por haber hecho detener, en 1998 en Londres, al ex dictador chileno Augusto Pinochet, ahora corre el riesgo de sufrir una condena de 20 años de prohibición del ejercicio de sus funciones de juez, lo que pondría punto final a su carrera.
Garzón recibió el apoyo de numerosos juristas en el mundo, que consideran que los crímenes contra la humanidad no prescriben y que le ley de amnistía española no es conforma al derecho internacional.
En España, las acusaciones a Garzón desataron una gran controversia y sorprende e impacta profundamente a los ambientes de izquierda y a las asociaciones de víctimas del franquismo.
La derecha considera que la justicia debe seguir su camino, con toda independencia.