El bombardeo de Colombia contra las FARC en Ecuador, que mató al número dos de esa guerrilla, Raúl Reyes, en marzo de 2008, fue apoyado desde la base de Manta, que en esa época era operada por Estados Unidos, afirmó este jueves una comisión civil que investigó el caso.

“La inteligencia estratégica procesada desde la base de Manta (suroeste) fue fundamental para el seguimiento y ubicación de Raúl Reyes, como blanco prioritario para el gobierno de Colombia”, señaló el informe de la Comisión de Transparencia y Verdad creada por Quito a fines de marzo pasado.

Según el documento, el convenio entre Ecuador y Estados Unidos sobre la base “para el control del narcotráfico rebasó sus fines y propósitos”.

Dicho pacto expiró el pasado 18 septiembre, tras diez años de control del destacamento por parte de Washington, estrecho aliado de Colombia en el combate contra las drogas y los rebeldes izquierdistas.

El ataque en la zona fronteriza de Angostura el 1 de marzo de 2008 mató a Reyes y otras 24 personas -entre ellas un ecuatoriano y cuatro mexicanos-, y provocó que Quito rompiera relaciones diplomáticas con Bogotá hasta el pasado 13 de noviembre, cuando fueron reactivadas a nivel de encargados de negocios.

La denuncia sobre el rol de Manta en el bombardeo se produce en momentos en que Venezuela, en particular, y otros países de la región critican un acuerdo militar firmado el 30 de octubre que permite a Estados Unidos operar desde siete bases colombianas.

El informe, que fue entregado al presidente Rafael Correa, también indica que el financiamiento de Estados Unidos a Ecuador como cooperación “determinó el sometimiento” de organismos de seguridad del país andino.

Asimismo, sostiene que autoridades colombianas alteraron la escena del bombardeo, mientras registros periciales sobre algunos cadáveres “determinan la violación de derechos humanos”.

De otro lado, el comité descartó nexos entre el gobierno de Correa y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), aunque señaló que ex funcionarios sí tuvieron tratos con ese grupo.

“Nos es placentero en alto grado señalar que no puede decirse bajo ninguna sospecha que hay vínculos del gobierno nacional con las FARC”, dijo el coordinador de la investigación, Francisco Huerta, en rueda de prensa.

Sin embargo, “hay vinculados que pertenecieron al gobierno” de Correa “con el tema de las FARC”, matizó.

A su vez, el texto indica que la guerrilla colombiana y el narcotráfico “han logrado penetrar varias instancias de los organismos políticos, judiciales, culturales y sociales” de Ecuador.

En medio de la crisis diplomática, Colombia publicó un video en el que un alto dirigente de las FARC mencionaba un aporte económico a la campaña de Correa en 2006, pero el mandatario y la propia guerrilla negaron la versión.

La comisión fue creada por el Ejecutivo para esclarecer el bombardeo y posibles vínculos entre Correa y los rebeldes marxistas, y su trabajo será remitido a la Fiscalía.

En la primera reacción oficial el ministro de Seguridad, Miguel Carvajal, dijo que si hay personas vinculadas al gobierno o a los cuerpos armados que hubieran ocultado la existencia de bases de las FARC en Ecuador, éstas “deberían ser judicializadas”.

Carvajal descartó recientemente que la investigación del caso Angostura pudiera afectar el proceso de normalización de relaciones con Colombia.