Hasta la Contraloría General de la República llegó la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos para solicitar al contralor, Ramiro Mendoza, que investigue la contratación por honorarios de parte de las Fuerzas Armadas, de ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), procesados por violaciones a los derechos humanos.
Según la presidenta de la Agrupación, Lorena Pizarro, es fundamental que el Ejército y los ministros de Defensa, Francisco Vidal y del secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera Gallo, aclaren sus posturas con respecto a este caso.
Según el abogado de la agrupación, Hirán Villagra, los ex agentes están inhabilitados para ejercer cargos en el servicio público, porque están procesables por las presunciones “fundadas” de que participaron en hechos criminales durante la dictadura.
Villagra agregó que en la investigación se solicita al Contralor que aclare las sospechas de que existe una red de protección que respalda a quienes llamó como “represores de la dictadura”.
