Convencionales se mostraron a favor del reconocimiento constitucional de la Defensoría Penal Pública

Años antes de ser electa como convencional constituyente, Manuela Royo entró a hacer su práctica el año 2014 a la Defensoría Penal Pública. Terminó trabajando ahí durante cuatro años. Hoy, Royo está mandatada a escribir un borrador de una nueva constitución para el país. Y piensa, tal como varios de sus colegas en la Convención Constitucional, en darle un nuevo estatus a este órgano y consagrarla como una institución autónoma.

La Defensoría Penal Pública es una institución que depende del Ministerio de Justicia, y fue creada el año 2001 con la Reforma Procesal Penal. Su objetivo es garantizar el derecho a un abogado defensor a los imputados de haber cometido alguna falta, delito o crimen. Este beneficio es gratuito, salvo para quienes puedan costearlo económicamente.

No obstante su data de casi veinte años, varios constituyentes de la comisión de Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional expresaron su intención de modificar aspectos que consideraron deficientes: su falta de autonomía, su sistema de licitación de servicios de defensa a empresas privadas, y la consiguiente desigualdad laboral que se vive en su interior.

Desigualdad laboral y licitaciones

“En la actualidad la Defensoría Penal Pública tiene un funcionamiento complejo”, explicó Royo. “Hay una defensoría local, que son funcionarios públicos, pero también hay defensorías licitadas, que son empresas privadas que dan estos servicios, que se pagan por la cantidad de causas. Ahí existe una precariedad laboral y una brecha salarial muy importante entre los abogados que son licitados y los que son funcionarios públicos, donde los primeros cumplen muchas más funciones. También existe el lucro, lo que es complejo en una institución que presta servicios públicos de defensa”.

Además de esto, Royo recordó que existe, debido a esta organización interna, una carga laboral desigual, que lleva a una despersonalización de la defensa: “En un momento llegué a llevar unas 350 causas bajo mi responsabilidad, lo que es muchísimo. Un defensor público lleva 10 veces más causas que un abogado particular. Además, los servicios son despersonalizados, por la cantidad de carga. Sin perjuicio de que hay una intención de defender los derechos de las personas y que hay un espíritu positivo entre los defensores, existen esas falencias. Yo, por ejemplo, no conocía a mis defendidos. Recuerdo que tenía 15 presos, y me hacía papelógrafos con las caras y los nombres, porque se me iba tanta responsabilidad. Es un servicio de calidad, pero el volumen es mucho”.

Royo trabajaba entonces en la empresa DJP, cuyo presidente era Gutenberg Martínez, exdiputado DC. La sociedad quebró en 2017 y puso en riesgo la defensa de más de 3 mil personas, según consignó el medio digital Ciper.

El abogado Daniel Stingo comentó que tuvo conocimiento de este hecho y lamentó que haya generado precariedad, pero que hay que entender que en el mundo “son pocos los sistemas que tienen defensorías cien porciento públicas. Aquí lo que hay que revisar es el sistema de licitaciones, y los contratos público-privados”.

La abogada de origen mapuche Natividad Llanquileo rescató el importante rol que ha tenido la Defensoría desde la Reforma Procesal Penal y consideró que tiene una “evaluación positiva”. Empero, secundó a Royo en su crítica sobre la licitación a empresas privadas: “Esto a veces juega una mala pasada, especialmente en la defensa, porque los imputados y las personas que se han sometido a proceso son un número más. Y al ser empresas que prestan un servicio a la Defensoría, no termina siendo una defensa penal pública. Sin duda el servicio requiere mejoras”.

Falta de autonomía

Asimismo, Royo criticó la falta de autonomía del órgano, y rememoró una experiencia que tuvo como defensora en el caso Luchsinger-Mackay: “Yo tuve una experiencia bien fuerte. Cuando fui defensora en el caso Luchsinger, en aquel entonces el subsecretario del Interior era Mahmud Aleuy, y junto al defensor nacional Andrés Mahnke decidieron removerme de mi cargo por mi posición respecto al caso. Entonces, claramente hay una falta de autonomía. Y no puede haber una intervención política en el ejercicio de la defensa, especialmente en casos de connotación pública, y tan complejos como las causas mapuches, donde el Estado presta servicios de defensa y al mismo tiempo te juzga y persigue”.

Por esto, Royo se mostró a favor de un estatus autónomo de la Defensoría: “Debe estar en el mismo lugar que el Ministerio Público”.

Stingo también defendió esa moción de incluir el órgano en la nueva carta magna, “ya que su contraparte, el Ministerio Público, también lo está”. Sin embargo, detalló que “hay muchas maneras de incorporarla: puede ser como parte de un organismo mayor y que agrupe otras defensorías, como una defensoría de la niñez, una ambiental, entre otras, o podemos darle su propia regulación. Creo que es importante aquí esperar las audiencias públicas que nos pueden dar buenos insumos para un buen diseño institucional”.

Por su parte, el abogado Mauricio Daza también se mostró a favor de su autonomía y de ponerlo al mismo nivel que el Ministerio Público, además de que lamentó que actualmente esté bajo la dirección del “gobierno de turno”:

“Hoy, la Defensoría Penal Pública se encuentra desmedrada en cuanto a la posibilidad de realizar en forma adecuada su función. Esto deriva de una cuestión orgánica: hoy depende de la administración del estado, y está bajo la dirección del gobierno de turno. Obviamente la función que la Defensoría realiza puede resultar molesta para los operadores políticos, ya que es algo que que habitualmente no rinde en términos políticos y electorales. Es una suerte de órgano que molesta a los gobiernos. En ese sentido, creo que la mejor manera de poder reforzar su adecuado funcionamiento es establecerlo como un organo autónomo de rango constitucional al igual que el ministerio público. Esa es una de las iniciativas que se van a analizar, y por lo menos yo voy a impulsar al interior de la comisión de Sistemas de Justicia”.

La recientemente electa coordinadora de la Comisión de Sistemas de Justicia, Vanessa Hoppe, no quiso adelantar su definición sobre el órgano. “Por respeto de la discusión que vamos a dar con la comisión, mi opinión estará bastante influenciada de lo que podamos observar en estas audiencias públicas”. Dicho esto, afirmó que el rol de la Defensoría “es importante respecto de la representación de los intereses de la ciudadanía. Y por lo tanto, podríamos revisar su funcionamiento, qué tanta autonomía tiene y si esta debe aumentar o no”.

Nueva forma y nombre

En tanto, el exfiscal de Talcahuano, Andrés Cruz, junto con reconocer que “existe una tendencia dentro de la comisión” para la inclusión de la institución en la nueva carta fundamental, adelantó que será objeto la forma en que será constitucionalizada.

“Hay tendencias que pretenden incluir la Defensoría Penal Pública dentro de una gran defensoría que esté constitucionalizada dentro de la nueva carta fundamental. Sería un ombudsman, defensor del ciudadano o del pueblo, en cuyo alero encontraríamos todas las defensorías: niñez, laboral, de las víctimas, penal pública, entre otras. Inclusive la corporación de asistencia judicial”, pormenorizó Cruz.

En esa línea, otros constituyentes también han expresado modificar el órgano una vez incluido en el borrador de carta magna.

Uno de los dos representantes aymara en la Convención, el jurista Luis Jiménez, manifestó su intención de crear “un servicio público nuevo, que no solamente entregue defensa penal a las víctimas, sino que defensa penal integral, que reemplaza a la corporación de asistencia judicial, que se haga carne el derecho de acceso a la defensa”. Y en cuanto a la autonomía: “Si es necesario, se pondrá. Pero estamos primero debatiendo qué significa que un órgano sea autónomo en la constitución. De ahí vamos a definir qué órganos se van a mantener”.

El abogado y activista por los derechos humanos, Manuel Woldarsky, junto con también mostrarse a favor de la inclusión constitucional de la Defensoría, expuso que debe existir un nuevo tipo de órgano: la “Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza”: “Creo que la Defensoría Penal Pública es un tipo de servicio que permite el acceso a la justicia de las personas, pero no el único ni el último. Creo que debe haber una Defensoría de los Pueblos y la Naturaleza, que ponga a disposición de cualquier persona el acceso a la justicia a través de un abogado, no importa la especialidad ni el tribunal donde se tenga que presentar”.

Por último, Daza rememoró el lema de la Defensoría para apoyar su definición constitucional: “Una Defensoría Penal Pública es clave, porque, tal como reza su lema, ‘sin defensa, no hay justicia’. En esa perspectiva, hay un amplio consenso en avanzar en dirección a su autonomía al interior de la Convención Constitucional”.