Una Constitución para Chile

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Agencia UNO

Provoste y Convención: "No es conveniente para el desarrollo país prolongar dicha incertidumbre"

Jueves 28 octubre de 2021 | 05:30
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En el marco de las elecciones presidenciales 2021, Radio Bío Bío ha entrevistado a los candidatos para conocer su visión de la Convención Constitucional y su trabajo en torno a la construcción de una nueva carta fundamental para nuestro país.

La candidata de Nuevo Pacto Social, senadora y militante de la Democracia Cristiana, Yasna Provoste, afirmó que ve bien la Convención Constitucional pero que tiene claridad que “el Gobierno que asuma en marzo de 2022, tendrá dos programas. Uno, será aquel con el que fue electo y otro derivado de lo que emane de los mandatos de la nueva Constitución”.

Agregó que ojalá la Convención se inspire por el concepto de “solidaridad” ya que “por muchos años la derecha nos intentó convencer que el futuro se construía a partir de la competencia, la competencia por acceder a estudiar, por acceder a la salud, a la vivienda, etc. Todo era puntajes y concursos”.

-¿Cómo ve el desarrollo de la Convención Constitucional?

En general, bien. Ha tenido dificultades propias de una organización que se debía instalar y dictar sus propias normas. Es un grupo humano diverso, nuevo y que no se conocía.

Sin embargo, la Convención Constitucional ha salido adelante. Uno podrá discrepar de algunas decisiones, pero son ellos y ellas quienes tienen que adoptar sus acuerdos por las mayorías que exige la Constitución.

Hay que respetar su autonomía, para que pueda realizar su tarea. Eso no significa que, como todo órgano público, pueda ser objeto de críticas que se orienten a optimizar su labor.

Además, debemos acostumbrarnos a que por su misión, la Convención abordará todos los temas. Aquí no hay materias intocables. Lo importante es que sepamos comprender que este es un órgano colegiado.

La Convención tiene la oportunidad histórica de hacer mucha pedagogía en nuestra sociedad. De ahí que, a mi juicio, deba considerar el impacto que sus discusiones generan en el nuevo Chile que estamos construyendo. Todos debemos apoyar decididamente lo que hacen. Es un órgano constitucional, llamado a cumplir la tarea de realizar una nueva Constitución. En eso, nadie puede restarse

– Para usted ¿Están todas las partes representadas en la Convención?

Sí. No me caben dudas. Hubo una elección para elegir los Convencionales de acuerdo a un sistema proporcional y quienes resultaron electos obtuvieron las mayorías suficientes que representan el universo amplio de pensamiento de nuestra sociedad.

La Convención es un órgano muy plural y representativo de nuestras realidades. La diversidad y la presencia de todo tipo de personas, especialistas, profesionales, microempresarios, académicos y, dirigentes sociales y vecinales, a mí me parece simbólica y representativa del nuevo Chile del cual en el futuro nos sentiremos herederos.

El desafío que tiene este grupo humano es lograr articularse en torno a ideas centrales. Ello implica llegar a acuerdos y dialogar sobre contenidos con el respaldo mayoritario de los convencionales. Por la experiencia que he tenido en el Congreso, sé lo difícil que es lograr esa mayoría. Para eso se requiere gran disponibilidad, flexibilidad y voluntad de construir mayorías para avanzar.

-¿Cuál es el modelo de desarrollo que se debería asumir? ¿neoliberal o antineoliberal?

Si bien propiciamos el término del modelo neoliberal, para transitar a un modelo socioambiental, donde las personas y los territorios estén al centro, y que ponga el esfuerzo público en garantizar el desarrollo sostenible, personalmente creo que las Constituciones no debieran asumir modelos de desarrollo determinados.

En un mismo marco constitucional, pueden existir distintos gobiernos, con distintos enfoques. Chile es una economía integrada al mundo y tiene que reaccionar con gran velocidad si quiere mantenerse con niveles exitosos de integración.

La Constitución debe expresar un consenso de nuestra sociedad. La deben sentir como propia tanto los neoliberales como los antineoliberales. El gran fracaso de la Constitución de 1980 fue que terminó siendo la Constitución de un grupo que apoyaba determinadas ideas, respecto de las cuales otros discrepaban y generó una gigantesca brecha de desigualdad.

La Constitución debe ser capaz de hacer sentido para nuestra comunidad nacional por muchos años. Por lo mismo, es un mandato y legado de esta generación a las nuevas generaciones. Para que eso sea posible debe tener flexibilidad.

-¿Cómo se compatibiliza desarrollo humano con crecimiento económico?

Creo firmemente en que la economía debe crecer, que eso hace posible tener una sociedad más inclusiva y sostenible. Ello supone un cambio estructural en nuestra estrategia de desarrollo productivo. Un cambio que nos permita ir más allá de la explotación de los recursos naturales y que oriente esfuerzos hacia la innovación, el emprendimiento y el desarrollo de capital humano avanzado; que implique más empleo, mejores salarios y que nos permita superar la pobreza y mejorar las condiciones de vida de las personas.

Pero también es necesario y urgente que nos preocupemos que ese desarrollo sea más igualitario de lo que es hoy. Lo que ha sucedido en la pandemia es bien revelador de la sociedad a la que debemos aspirar, en el marco de nuestras restricciones.

Yo quisiera que un valor central que inspire la nueva Constitución sea la solidaridad. Por muchos años la derecha nos intentó convencer que el futuro se construía a partir de la competencia, la competencia por acceder a estudiar, por acceder a la salud, a la vivienda, etc. Todo era puntajes y concursos. Yo creo por en contrario en una sociedad de la colaboración, donde el surgimiento no es individual, donde los problemas y desafíos se enfrentan mejor como tareas colectivas. Eso implica que quienes tengan más contribuyan para ir en apoyo de quienes tienen menos.

Por otra parte, es necesario incorporar la idea de Estado Social de Derecho.

-¿Cree que es necesario cambiar el modelo político?

Soy partidaria de un Estado Plurinacional y de una República democrática. En Chile hemos tenido desde los inicios un régimen presidencial de gobierno que está muy enraizado en nuestra cultura. Sin embargo, creo que con el tiempo y -sobre todo- a partir de la Constitución del 80, éste ha sido un presidencialismo exacerbado y rígido, que se ha mostrado carente de la flexibilidad necesaria para afrontar los períodos de crisis que hemos tenido. Creo que es necesario hacer ajustes, para conjugar gobernanza con flexibilidad. Un régimen semipresidencial podría ser una buena alternativa, pero esa es una materia que debe resolver la Convención Constitucional.

-¿Está dispuesta en el debate a reducir el periodo presidencial y parlamentario por única vez para que comulgue con la nueva Constitución?

Las normas que regulan la Convención Constitucional la facultan para poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, siempre que estas instituciones sean suprimidas o sean objeto de una modificación sustancial. Por lo mismo, primero hay que ver si se cumplen esos supuestos.

Es necesario actuar aquí con mucha prudencia, porque el voto popular debe ser respetado. La Convención tomará una decisión después que estas autoridades hayan sido electas y no se nos debe olvidar que la nueva Constitución debe ser ratificada por un plebiscito.
Confío en que los convencionales sabrán ponderar, en miras de ese plebiscito, la innovación necesaria de una nueva Constitución, con la gradualidad que requieren ciertas reformas y todos los elementos en juego.

-Para usted ¿El plazo de 9 meses y máximo 12 es adecuado para redactar la nueva Constitución?

Creo que la Convención ha funcionado con mucha más eficiencia y calidad que lo que suponían los críticos de este proceso y los sectores del rechazo. Siempre hemos sabido que el plazo de 9 meses para redactar la nueva Constitución es muy exigente y que es probable que haya que prorrogarlo por otros 3 meses. Una extensión adicional de ese plazo ampliado, más allá de los doce meses, podría ser una complicación que deberá tenerse en cuenta.

Independientemente de lo que nosotros opinemos, la nueva Constitución genera un grado de incertidumbre, por los niveles de profundidad de los cambios que se puedan introducir. De ahí que no es conveniente para el desarrollo del país prolongar dicha incertidumbre.

La nueva Constitución, una vez promulgada, exige toda una adaptación de legislación. Muchas leyes deberán ser dictadas para cumplir los mandatos de la Constitución; otras deberán ser modificadas; y otras derechamente derogadas. Es necesario considerar ese plazo que está ligado con la entrada en vigencia de la nueva Constitución. Entre más tiempo tome la dictación de la nueva Constitución, más demorará la normativa complementaria correspondiente. Recordemos que bajo el régimen militar, con un legislativo de cuatro personas, que pensaban prácticamente lo mismo, no fueron capaces de dictar todas las leyes orgánicas que la Constitución les exigía entre 1981 y 1990. De hecho, el 10 de marzo, un día antes que asumiera el presidente Aylwin, aún seguían apareciendo estas leyes en el Diario Oficial.

– ¿Estaría dispuesto a ampliar el plazo a través de un decreto y al mismo tiempo inyectar más recursos para el funcionamiento de la Convención?

Una prórroga adicional a esos doce meses es algo que sí requiere una reforma constitucional. Eso necesitará no sólo del acuerdo del futuro Ejecutivo, sino también del Congreso que se elija. Naturalmente que una opinión de la Convención es clave, hecha en forma oportuna y con los fundamentos sólidos pertinentes.

En cuanto a inyectar más recursos, si lo justifican bien, no veo ningún inconveniente.

-¿Cree que su programa de gobierno comulga con el debate de base del proceso constituyente?

El debate sustantivo sobre el contenido de la Constitución está recién comenzando. No sabemos exactamente hacia donde se inclinará ese debate. Pero hay cosas que tienen el respaldo suficiente, como avanzar en un mejoramiento de las pensiones y en el sistema que las administra. Lo mismo ocurre con la salud.

El Gobierno que asuma en marzo de 2022, tendrá dos programas. Uno, será aquel con el que fue electo y otro derivado de lo que emane de los mandatos de la nueva Constitución. La gente exigirá que prontamente la Constitución se haga realidad. Por eso el nuevo Gobierno tendrá que establecer prioridades para cumplir ese encargo y conciliar el programa que lo llevó al poder con estas tareas, que requieren una implementación gradual.

-¿Qué le parece que su firma podría estar en el nuevo texto constitucional?

Las Constituciones no son de un presidente determinado. Creo que sería hasta malo que así fuese. Las Constituciones deben ser parte de toda la sociedad.

La Constitución de 1833, fue firmada por José Joaquín Prieto y la de 1925 por Arturo Alessandri. Eran los presidentes que estaban en ese momento. Pero ellos tuvieron la sabiduría para entender que separar un texto de esta naturaleza de quien la promulga, es esencial para que permanezca y sea viable históricamente. Pinochet no resistió la tentación y varias de las disposiciones de su Constitución se referían a él mismo.

-¿Es viable en Chile un sistema subsidiario o debe ser cambiado de base?

Creo que es uno de los principales temas que debe cambiar la nueva Constitución. Debemos tener un Estado que impulse un desarrollo con inclusión social y sostenibilidad, asumiendo el cambio climático, innovador en ciencia y tecnología, con un amplio espacio para la pequeña y mediana empresa y una fuerte regulación, no ahogativa, para prevenir los monopolios y los abusos.

El principio rector debe ser un Estado Social de Derechos. La Constitución debe mandatar al Estado para hacer una política social, sin poner en peligro la libertad de las personas.

Todo lo anterior no significa expulsar a los privados de su rol de colaboración, tampoco una proscripción del Estado cuando es necesario que este actúe, para crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional la mayor realización espiritual y material posible.

-Las instituciones de seguridad como Carabineros ¿Deben cambiar en la nueva Constitución?

El orden público y la seguridad pública son esenciales para el país. No es viable una República sino está garantizado el orden público.

El problema de Carabineros no es el rol que cumplen. Ellos están presentes en todo territorio nacional, y combatir la delincuencia y el narcotráfico exige sus acciones.

El problema de Carabineros es que se ha visto envuelta en situaciones complejas, como graves violaciones a los derechos humanos e inaceptables hechos de corrupción. Pero eso no se soluciona suprimiendo a la institución, sino que estableciendo reformas a su funcionamiento.

Carabineros no es un poder del Estado, es un servicio público, que cumple una labor relevante para el país. Le ha hecho mal tener los niveles de autonomía que se le dieron durante el régimen militar y que los gobiernos democráticos, con muchas dificultades, han tratado de disminuir.

Hay muchos buenos ejemplos de policías eficientes en sus labores. Aún hay mucho espacio para corregir y mejorar. El rol de Carabineros debe estar en la Constitución. No tengo problemas en eso

-Qué opinión tiene sobre el funcionamiento de la justicia en Chile. ¿Debería estar en el debate constituyente?

En una nueva Constitución, todo el diseño actual del Estado debe ser objeto de debate, para decidir dónde son necesarios los cambios.
Creo que se deben adoptar medidas eficaces para garantizar la independencia del Poder Judicial, con debidos controles para evitar focos de corrupción (como por ejemplo la revisión de la forma de nominación de los Ministros de la Corte Suprema, o la figura de los abogados integrantes). Asimismo, la Corte Suprema debiera entregar a otro órgano o instancia el gobierno judicial y enfocarse en los asuntos jurisdiccionales.

El poder disciplinario que tiene la Corte Suprema debe ser revisado, para garantizar más independencia de todos los jueces subordinados. Miraría con atención cómo se articula adecuadamente el rol de la Corte Suprema con los nuevos tribunales cada vez más especializados que estamos teniendo.

Creo que el rol de los tribunales debe ser enmarcado dentro del sistema de control del aparato público. No puede haber duplicidad de controles. Eso genera un costo de oportunidad muy alto, sobre todo para las inversiones.

Es clave también superar la grave crisis de confianza en el sistema judicial; que las sanciones sean proporcionales y que no quede la sensación de impunidad de facto, como ocurrió en casos de financiamiento ilegal de la política.

Otro aspecto fundamental a revisar es lo relativo a la extensión excesiva de la prisión preventiva.

Es necesario avanzar en nuevas regulaciones procesales. Está pendiente lo de la Justicia Civil y revisar nuestro Código Penal. También es necesario revisar las grandes reformas que se han hecho para realizar algunos ajustes, como el sistema Procesal Penal.

La Convención deberá definir quién tendrá la última palabra en el control constitucional, si se mantendrá el actual Tribunal, con todos los cambios pertinentes, dejando fuera el control preventivo y despolitizando el nombramiento de sus integrantes o volverá la Corte Suprema a ejercer esas funciones. En el mundo existen diferentes ejemplos virtuosos sobre esta materia

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