Acción Colectiva por la Educación entrega propuestas a la Convención de cara a nueva Constitución
Acción Colectiva por la Educación entregó a la presidenta de la Convención Constitucional, propuestas para desarrollar una “revolución pedagógica” en el sistema de educación escolar, de cara a una nueva Constitución.
En el Instituto Nacional, símbolo de la educación pública del país, se llevó a cabo la ceremonia en donde la organización que reúne a 25 organizaciones vinculadas al mundo educativo, presentó la serie de propuesta.
La instancia, en la que participaron 167 establecimientos educacionales, entre jardines infantiles, salas cunas, colegios y liceos, de todo el país, totalizando la participación de más 7.800 personas entre niños, adolescentes, docentes, asistentes de la educación, directivos y apoderados.
Felipe Tobar, estudiante de segundo medio de un colegio de la comuna de La Pintana, entregó sus experiencias sobre este proceso, destacando la posibilidad cierta que tuvieron para expresar y debatir un nuevo modelo educativo.
“Logremos que la educación sea un derecho garantizado, con calidad, inclusión y justicia para todos”, pidiendo además que sea sin lucro y buscando que se avance para crear una mejor sociedad.
Elisa Loncon, presidenta de la Convención Constitucional, agradeció el trabajo participativo que implicó la instancia, destacando que es el diálogo democrático e inclusivo es el que se busca propiciar, haciendo un llamado a no dejarse guiar por las mentiras que se han querido instalar por algunos sectores, respecto a libertad de enseñanza y el derecho de padres a elegir la educación de sus hijos.
Para el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, ha faltado información sobre este debate, dejando en claro que tanto la Convención Constitucional como las propuestas emanadas de este proceso denominado, Tenemos que Hablar de Educación, no alteran en nada el derecho preferente que tienen las madres y padres en la formación de sus hijos.
Entre las propuestas, destacan una educación para todos y todas donde se le reconozca como un derecho social, donde el Estado debe financiar universalmente desde el nivel parvulario al superior, además de velar porque cada proyecto educativo cumpla con los estándares contemplados en las normas y reconocer en la constitución el rol central que tienen los docentes para el proceso educativo y la calidad de la enseñanza.