Reglamento CC: Abogados constitucionalistas sugieren mejoras a norma en favor de optimizar el tiempo

La Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional, compuesta por 31 convencionales, discutió y definió este viernes gran parte de las “reglas mínimas de funcionamiento” para este sub órgano, que está encargado de redactar el reglamento que regirá el funcionamiento de todo el proceso constitucional.

Esta normativa consta de nueve artículos, los que regularán, a saber: el funcionamiento de las sesiones, la citación a las mismas, los quórums, el uso de la palabra, los mecanismos de votación, la convocatoria a audiencias públicas, las posibles subcomisiones, el cronograma de trabajo y la coordinación con las otras comisiones.

Durante la segunda sesión de esta comisión, celebrada ayer viernes 23, se llevaron a votación distintas modificaciones de la propuesta inicial de la coordinación, compuesta por los convencionales Amaya Álvez (D20, RD) y Daniel Bravo (D5, L. del Pueblo).

Una de ellas fue la indicación de modificar el quórum con el cual una sesión se podía prorrogar por acuerdo de los comisionistas. La propuesta inicial de la mesa, de “un tercio de los presentes”, se modificó a favor de adoptar un quórum de tres quintos, por 21 votos a favor y 9 en contra.

Asimismo, se eliminó por unanimidad que las inasistencias o ausencias injustificadas sean llevadas a la Comisión de Ética. El convencional Fernando Atria (D10, RD) arguyó que era más apropiado “dejarlo a las reglas generales del comité de ética”, ya que con esto la Comisión de Reglamento asumiría “una carga y una función que no le corresponde”.

De esta forma, gran parte de los artículos de la norma se aprobaron con unanimidad de los comisionistas presentes. El documento también incluye un cronograma, que contempla un plazo desde el 23 de julio al 20 de agosto para formular y entregar la propuesta de reglamento al pleno de la Convención.

Problemáticas

Radio Bío Bío contactó a una serie de académicos y constitucionalistas expertos en la materia para analizar algunos puntos de esta normativa.

El abogado constitucionalista y profesor de la Pontificia Universidad Católica, Arturo Fermandois, consideró que, si bien el documento de “normas provisorias” de la Comisión de Reglamento es “bastante operativo”, se originaría “un problema” a raíz del llamado “reglamento provisorio” de la Convención, aprobado por el pleno la semana pasada.

Específicamente, Fermandois se refirió al artículo 5, que reza en un inciso único: “Las comisiones se constituirán provisoriamente, mientras el reglamento no sea sancionado”.

“Este artículo tiene dos problemas. Uno jurídico, que es que no tiene 30 días, ni apunta a un plazo concreto, sino a un plazo variable atado a la aprobación del reglamento. Y otro, uno político. Este consiste en que, como en el intertanto las decisiones se irán tomando por mayorías inferiores a los dos tercios al interior de las comisiones, puede darse el indeseado efecto de que las mayorías no tengan el suficiente incentivo para discutir y aprobar el reglamento”, presagió el otrora miembro de la Mesa Técnica Constituyente, surgida desde el Acuerdo por la Paz.

“Ojalá no suceda esto. Confío en que como país de larga tradición jurídica e institucional, la Convención podrá dotarse dentro de esos 30 días de un reglamento”, deseó Fermandois.

Volviendo al documento de “reglas mínimas” en cuestión, el artículo número 3 instaló que, para sesionar, se requerirá la “mayoría absoluta” de la Comisión. Esto es, “más de un 50% de las y los integrantes en ejercicio de la Comisión”, de forma presencial o telemática.

Si no se alcanzara el quórum en esta primera citación, se acordó que la sesión “podrá constituirse en segunda citación con la asistencia de, a lo menos, un tercio de sus integrantes”.

La académica y magíster en Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica, Sandra Ponce de León, criticó este último inciso: “El tercio son 10 comisionados, y no sé qué tan representativo es esto del grupo. Podría haber una distorsión del quórum”. Y razonó que esta decisión de parte de la comisión “podría ser una visión un poco catastrofista que tenga ella misma respecto de su funcionamiento. Como que nadie va a ir, o que se podrían empezar a obstaculizar u obstruir entre ellos”.

Uso de la palabra

Durante el debate de la Comisión, los convencionales acordaron que cada uno hará el uso de la palabra “una vez por punto de tabla”, hasta por tres minutos. Así también, se dejarán 20 minutos en total para el uso de palabra de convencionales que asistan y no sean parte de la Comisión de Reglamento.

Sobre esto, el profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Alan Bronfman hizo una observación: “Ese tiempo deja poco espacio para argumentar, analizar y debatir las propuestas. Los criterios de asignación de palabra requieren mayor desarrollo para convertirse en reglas imparciales para el debate”.

Como solución, el académico propuso conformar “grupos o bloques a los que se asigne un tiempo para intervenir, que corresponda a la suma de los tiempos de intervención asignados a sus integrantes”.

Por su parte, el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Diego Portales, Domingo Lovera, indicó que esta es una forma “de ordenar el debate”, que invita a que los constituyentes preparen “de antemano” sus intervenciones: “Al principio eran todas más o menos a mano alzada. Hoy, todas y todos los que intervienen lo hacen con textos escritos. Incluso, tengo la impresión de que lo han probado frente a un espejo, porque se demoran de forma exacta en los minutos que tienen para poder intervenir”.

Audiencias públicas o ganar tiempo

En esa línea, la Comisión también acordó en que se abrirá un período de apertura, de un “máximo de ocho días”, a “audiencias públicas”, destinadas a recibir propuestas de reglamento de parte de organizaciones de la sociedad civil “con o sin personalidad jurídica”.

Entre ellas se listaron: “Asambleas y cabildos territoriales o temáticos, universidades, fundaciones u otras formas de organización social, comunidades, asociaciones u organizaciones tradicionales de las naciones preexistentes y tribales y de chilenas y chilenos en el extranjero”.

En tanto, Ponce de León problematizó frente a este plazo destinado a recibir propuestas. Lo encuentra “raro”: “Se supone que las audiencias públicas tendrían que darse en la lógica de las materias de fondo del proyecto de constitución, y no en las normas reglamentarias”.

Y agregó que ya hay una serie de documentos a disposición de la Convención, los que debieran ser revisados: “Hay proyectos a disposición de todas las instituciones, universidades, centros de estudio. O sea, ¿a quién más van a escuchar? ¿O quieren escuchar otra vez lo que ya está escrito?”.

En añadidura, Fermandois comparó a la Comisión de Reglamento a “una especie de pequeña sala de máquinas que determinará cómo operará la Convención”. Y sugirió que, si bien la mencionada comisión determinará diversos aspectos esenciales del funcionamiento del órgano constituyente, “no es necesario, en atención al breve plazo que transcurre, que para esa decisión deba hacer una consulta ciudadana. Yo reservaría la consulta ciudadana a la comisión competente, respectiva, una vez creada”.

Abstenciones en la mira

Durante la misma sesión este viernes se discutió también acerca de las abstenciones en las votaciones. El convencional Agustín Squella defendió la posibilidad de emitir esa opción: “Lo realmente reprobable sería no votar. Que alguno de nosotros llamado a votar, dijera ‘no voto’. Eso no puede ser”.

A eso, el jurista porteño incorporó a su argumentación, con una analogía futbolística, que “si me preguntan si quiero a Colo Colo, mi respuesta sería ‘me abstengo’, porque me parece violento decir ‘rechazo’ simplemente porque soy de otro club”.

En respuesta, las convencionales Bárbara Sepúlveda (D9, PC) e Ingrid Villena (D13, L. del Pueblo) propusieron formular una indicación que se votará la próxima sesión para limitar el número de abstenciones que pueden votar los y las comisionistas.

Al respecto, el profesor Lovera, a pesar de que entendió el argumento de Squella, se mostró a favor de regular la abstención: “Esto genera dos efectos. El primero es permitir que se puedan formar los cuórum para una discusión de esta relevancia. El segundo es que cuando tú tienes un representante que finalmente se abstiene de todas las votaciones, o de un número significativo de ellas, podría terminar lesionando la confianza de aquellos y aquellas que votaron por esa persona”.

Y pormenorizó: “En el fondo, abstenerse significa colocarse al margen y entorpecer el proceso. Hay buenas razones para que esos electores y electoras se sientan algo defraudados”.

“Abstenerse no cabe. Yo no aceptaría las abstenciones”, apoyó la profesora Ponce de León. La razón de esto, sostuvo, es que “se supone que la Convención debiese esmerarse por alcanzar los acuerdos, que son bastante importantes y altos en cuanto a quórums. Entonces, la abstención implica, al final, no decir nada. Y la abstención en un órgano colegiado es bien complejo mantenerla”

Y finalizó quien fuera relatora del Tribunal Constitucional: “No se están absteniendo de algo sin importancia. Si han sido elegidos para proponer, es porque tienen toda la intención de dar su propia opinión sobre el tema. Si hay que optar, hay que optar nomás”.