Tras siglos sin reconocimiento: ¿qué esperan los pueblos originarios del proceso constituyente?
El proceso constituyente que vive Chile ha despertado ilusiones de cambio en muchos sectores de la sociedad, pero si hay un grupo con especial interés son los indígenas, que representan el 12,8% de la población total y llevan más de dos siglos buscando ser reconocidos constitucionalmente.
Por primera vez en la historia los pueblos originarios participarán en la redacción de una nueva Constitución y contarán con 17 escaños reservados entre los 155 ciudadanos que este fin de semana serán electos para elaborar el nuevo texto.
Siete cupos serán para el pueblo mapuche – el más numeroso – dos para el aymara y uno para cada etnia restante: diaguita, quechua, atacameño, colla, yagán, kawésqar, chango y rapa nui.
Para Fernando Pairicán, historiador de la Universidad de Santiago, los cupos reservados “son un avance en las relaciones fallidas entre el Estado chileno y los pueblos originarios”.
De acuerdo al especialista, el actual movimiento indígena se empieza a fraguar luego del golpe militar orquestado por Estados Unidos, en 1973, cuando los mapuches perdieron tierras recuperadas bajo la reforma agraria del expresidente socialista Salvador Allende y los quechua junto a los aymara se atomizaron por las políticas de regionalización.
Los rapa nui, por su parte, sufrieron una “segunda etapa de colonialismo” con la llegada de la Armada chilena a la remota isla.
Desde entonces se han conformado una serie aspiraciones políticas indígenas que hoy tienen, por primera vez, la posibilidad de cristalizarse.
Hacia un Estado plurinacional
Los expertos apuntan que la gran aspiración de la comunidad indígena es, sin duda, la denominación de Chile como un Estado plurinacional, como ya lo son muchos países del mundo.
Según el experto mapuche y doctor en Sociología de la Universidad de Bielefeld (Alemania), Salvador Millaleo, “el concepto de plurinacionalidad es un vector que resume un conjunto de demandas culturales y políticas”.
“Significa autonomía, es decir, una forma de gobernanza, con formas de intervención, control y acceso a los recursos naturales que están en los territorios indígenas”, agregó.
Catalina Cortés, candidata aymara de 39 años, coincide en que avanzar hacia un estado plurinacional que reconozca la diversidad es una propuesta central y transversal desde el mundo indígena, “independiente de la tendencia política que tengan los integrantes de los pueblos originarios”, aseveró.
Ninguna de las tres Constituciones que ha tenido Chile desde su independencia de España (1833, 1925 y 1980) ha reconocido la existencia de indígenas en el territorio, ni tampoco sus lenguas o culturas.
Solo existen como marco jurídicos la Ley 19.253 de 1993 y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado en 1989 pero ratificado dos décadas después.
Según una encuesta del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas (CIIR), el 95% de las personas estaría a favor del reconocimiento constitucional, siendo la alternativa de un Estado multicultural la que cuenta con mayor adhesión (55%), frente al Estado plurinacional (16%).
“Suma qañama”
La naturaleza es el elemento central de la cosmovisión indígena y la conservación es su leitmotiv.
Para Cortés es imprescindible que el nuevo Chile interiorice el concepto aymara “suma qamaña”, que hace referencia a “la vida buena y correcta, en armonía con la Madre Tierra”.
En la misma línea se pronunció la candidata mapuche Ana Llao, de 56 años, quien afirmó que los pueblos originarios deben “resguardar, disponer y administrar sus propios recursos”.
Bolivia y Ecuador son los grandes ejemplos regionales en la autodeterminación indígena, aunque Colombia, México y Panamá también han avanzado mucho en los últimos años. Fuera de Latinoamérica, actualmente destacan Canadá y Nueva Zelanda.
Para Milalleo es probable que no se alcance todo lo anhelado, “pero va a ser mucho más de lo que tenemos ahora” y la participación de los indígenas en la vida pública ya de por sí va a desinflar el llamado “conflicto mapuche” y, quizá, allanar el terreno para solucionarlo.
Derechos culturales y lingüísticos
El no reconocimiento de los derechos indígenas y su escasa participación en el diseño de las políticas sociales implica un menor impacto de estas, según entendidos.
Por ejemplo, los niveles de pobreza indígena doblan a los del resto de la población, con lo cual constituyen una amenaza constante a su rica cultura.
En conversación con agencia EFE, Llao apuntó que dentro de un Estado plurinacional intercultural “está implícito el derecho de conservar” sus lenguas y sus propias ceremonias ancestrales, que en muchas etnias se están perdiendo por la falta de una educación intercultural bilingüe.
En 1979, por ejemplo, el 49% de la población de Rapa Nui hablaba el idioma ancestral, una cifra que hoy apenas alcanza el 4%.