La Cámara de Diputados aprobó en general el control preventivo de identidad a menores de 16 años. La iniciativa pasó a su segundo trámite legislativo, en medio de las amenazas del Partido Socialista de recurrir al Tribunal Constitucional (TC).
Pese a las duras críticas y de calificarlo peyorativamente como la “Tercera Cámara”, parlamentarios socialistas anunciaron que llevarán la iniciativa hasta el TC.
Recordemos que tras dos sesiones de amplio debate en Sala, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que fortalece el control de identidad por parte de las policías, así como los mecanismos de control y reclamo ante un ejercicio abusivo o discriminatorio de este, procedimiento que ahora podrá ser utilizado en personas desde los 16 años de edad.
La iniciativa originalmente apuntaba a revisar a menores desde los 14 años, pero luego de una negociación del Gobierno con la Democracia Cristiana, se fijó a partir de los 16 años.
Tras la votación, el diputado UDI Javier Macaya se manifestó conforme, afirmando que se trata de “una herramienta más para controlar la delincuencia” en el país.
“Acá hay una discusión muy académica desde la perspectiva de ciertos derechos fundamentales que nosotros no compartimos, nosotros compartimos la sensibilidad de miles de chilenos que sienten -y así lo reflejaron en la encuesta el día de ayer de Paz Ciudadano- temor a ser víctimas de un delito”, insistió.
Miguel Ángel Calisto, de la Democracia Cristiana, manifestó que “es un avance responsable, transitorio, tomando en cuenta que la mayor cantidad de delitos se cometen entre los 16 y 18 años”.
“Estamos hablando de que cerca del 70% de los delitos juveniles se concentran en esta edad”, sostuvo, destacando que también se presionó al Gobierno a avanzar en planes y programas de reinserción y rehabilitación.
Proyecto generó división al interior del oficialismo
No obstante, el tema enfrentó a los parlamentarios al interior del oficialismo. Esto, porque diputados de Renovación Nacional han cuestionado reiteradamente el pacto del Gobierno y que haya cedido a retroceder hasta los 16 años en lugar de los 14 años planteados inicialmente, aún cuando las cifras indican que, de los menores que delinquen, dos tercios corresponderían a jóvenes entre 16 y 18 años.
Pese a esto, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, señaló que lo acordado con la DC es mejor que lo que se tiene actualmente.
“Tenemos una convicción de que sería muy positivo que el control se hiciera a partir de los 14 años, pero no tenemos los votos para lograr ese objetivo, y por lo tanto, sí hemos respaldado una indicación que han planteado diputados de la Democracia Cristiana para que el control se puede hacer desde los 16 años”, afirmó el secretario de Estado.
Unicef y el INDH rechazaron el proyecto calificándolo de “desproporcionado”
Por su parte, Unicef ha sido claro en su rechazo a la idea de aceptar el control de identidad preventivo adolescente -incluso desde los 16 años- argumentando que se contradice con los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño y de otros tratados internacionales que Chile ha suscrito.
Por su parte, desde el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) emitieron una declaración donde lamentaron la medida, calificándola como desproporcionada.
“La extensión del control preventivo de identidad a adolescentes, que no requiere indicios de actividad delictiva alguna para ser aplicado, parece desproporcionada en relación con los fines generales de resguardo de la seguridad pública en que se fundamenta la ley”, sostienen.
“La aprobación del control preventivo de identidad a partir de los 16 años se aleja del cumplimiento de las obligaciones que impone la Convención de los Derechos del Niño al Estado de Chile”, sentenció el INDH.
PS recurrirá al TC pese a duras críticas
No obstante, en medio de los cuestionamientos, desde el Partido Socialista, el diputado Leonardo Soto advirtió que recurrirán al Tribunal Constitucional para intentar detener el proyecto.
Y es que según el parlamentario, la idea del control preventivo establece una prerrogativa a la autoridad, que termina limitando los derechos constitucionales.
“Los socialistas no estamos dispuestos a considerar las libertades de los jóvenes como un ejercicio peligroso en si mismo, por solo hecho de tener la calidad de joven. Y por eso no lo vamos a aprobar”, amenazó.
“Decimos que este proyecto tiene un enorme defecto que es el resultado de la improvisación, demagógica e irresponsable, que no tiene parangón en nuestra legislación”, sentenció.
Asimismo, adelantó que “en defensa del derecho de la libertad, por infringir el principio de la proporcionalidad, anuncio desde ya que, de aprobarse esta nueva facultad injustificada y excesiva, recurriremos al Tribunal Constitucional a fin de que aclare esta clara infracción constitucional”.
En ese sentido indicó que esta vez esperan contar con las firmas suficientes para que sea transversal, al menos de la oposición, la solicitud de revisión.
Lo anterior, pese a las duras críticas desde el propio Partido Socialista, que ha acusado al TC de ser una instancia concebida para proteger a las minorías, haciendo un llamado incluso a un diálogo que permita modificar la composición y atribuciones de este organismo.
“Este es un tribunal que finalmente está concebido para proteger a las minorías y que se opone a cualquier cambio sustantivo que permita mejorar la calidad de vida de nuestros compatriotas. Tenemos, por tanto, un desafío que nos parece que es fundamental”, señaló al sitio web del PS su presidente, Álvaro Elizalde, en septiembre pasado.
Incluso, el propio Leonardo Soto cuestionó en fuertes términos al TC a propósito del requerimiento que presentaron parlamentarios de Chile Vamos en medio de la discusión de la Ley de Aborto en Tres Causales, en noviembre del año pasado.
En esa oportunidad, Soto señaló a CNN Chile que “hay un diagnóstico compartido de que el Tribunal Constitucional ha ido desbordando sus límites (…) debiera estar conformados por expertos que interpretaran la Constitución y que ésta no se infrinja. Que proteja a las personas cuando existan leyes que puedan abusar de ellas”.
“Hoy no tenemos eso, lo que el Tribunal Constitucional hace es desnaturalizar su función dictando fallos que impiden que se aprueben leyes que van en beneficio de la gente, aplicando el particular punto de vista, mirada ideológica y política de alguno de sus integrantes”, comentó.
