Tras la sentencia de la Corte Suprema en la que argumentó que se pueden revisar los fallos del Tribunal Constitucional (TC), lo que inició una pugna con ese órgano, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, reconoció que la Constitución no define una forma de dirimir el conflicto entre el máximo tribunal y el TC. El secretario de Estado planteó que el Gobierno podría intervenir promoviendo incluso una reforma a la carta fundamental para llegar a una solución, pero que esperaba que se pudiera alcanzar un acuerdo entre ambas instituciones sin necesidad de ello.
En un fallo inédito, el lunes el máximo tribunal abrió la puerta para cambiar la forma en que se había entendido el ordenamiento jurisdiccional hasta ahora.
En primer lugar, si se comenzara a aplicar el razonamiento de la Suprema en su sentencia, las determinaciones del TC podrían ser revisadas a través de un recurso de protección, con lo que sus resoluciones ya no serían definitivas.
Una segunda consecuencia es que los tribunales ordinarios, en caso de que hubiera una sentencia del TC relacionada a un caso específico, tendrían que examinar el contenido de dicha resolución para definir qué parte es vinculante y cuál no, considerando si el TC actuó de acuerdo a sus atribuciones.
La sentencia no cayó bien en el TC, que salió a responder que era un órgano autónomo y que “por disposición del artículo 94 (de la Constitución), no procede recurso alguno” en contra de sus resoluciones.
“Nos sorprenden los argumentos de la mayoría de los ministros de dicha sala, que pretenden rediseñar el esquema de competencias constitucionales”, añadieron.
La pregunta sobre cómo dirimir el conflicto entre el TC y la Suprema no tiene una respuesta clara en la Constitución, lo que plantea dudas sobre si existe un vacío constitucional que debe ser cubierto.
Así lo reconoció este miércoles el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, quien expresó que, de acuerdo al ordenamiento jurídico, el conflicto no se debería producir porque tanto el TC como la Suprema están llamados a actuar “dentro del ámbito propio que la Constitución les ha señalado” y “no debería haber traslape de funciones jurisdiccionales”.
Como no está contemplado que esta clase de pugnas se produzcan, la Constitución no establece un mecanismo para dirimir.
Larraín enfatizó que la situación es “delicada y grave”, porque se pone en entredicho el ordenamiento institucional.
“Como Gobierno hacemos un llamado a ambas instituciones a que de común acuerdo busquen un camino de solución a esas diferencias que se han manifestado públicamente”, expresó Larraín.
El ministro dijo, eso sí, que el Ejecutivo se reservaba el derecho “de intervenir de una manera normativa (…), propiciando reformas constitucionales, a la ley orgánica o leyes que puedan contribuir a resolver esta situación”.
Ministra de Tercera Sala asegura que sólo se aclaró que todos los órganos están sometidos a Constitución
Pero para la ministra Ángela Vivanco, una de las que participó de la decisión de la Tercera Sala, no hay nada que resolver, porque a su juicio no existe realmente una pugna.
“Considero que hay leer bien los fallos y entender que lo que hay es una opinión jurídica y que no hay ningún tipo de conflicto ni otra cosa. Lo otro son interpretaciones”, aseveró.
Vivanco afirmó que la sentencia no afecta la autonomía del TC, sino que con ella se estaba “aclarando un punto”, que es que todos los órganos están sometidos a la Constitución.
Distintos abogado constitucionalistas advirtieron que la situación efectivamente generaría un debate jurídico sobre quién revisa a quién.
“Genera un conflicto grave en cuanto a las competencias, las atribuciones, que tiene el Tribunal Constitucional para conocer de forma exclusiva y excluyente todos los problemas relacionados con la constitucionalidad de las leyes”, manifestó Luis Gálvez, experto en derecho constitucional.
Suprema intenta poner paños fríos
En su discurso oficial, la Suprema intentó poner paños fríos al asunto a través de su presidente, Haroldo Brito.
“Hay una discusión jurídica a este respecto entre esta corte, a través de una de sus salas, y la posición del Constitucional. Es una resolución, y yo no creo que tenga las tremendas proporciones, que no ha sido aceptada por el Tribunal Constitucional. Aquí no estamos enfrentados a un quiebre de la estructura jurisdiccional del país”, aseveró Brito.
Más temprano, el vocero del máximo tribunal, Lamberto Cisternas, había descartado que el máximo tribunal le hubiera puesto el pie encima al Tribunal Constitucional.
En su opinión, en la Tercera Sala sólo hicieron su trabajo. “Esto no es una guerra mundial”, remarcó.
Comisión de Constitución de Cámara invitará a presidentes de Suprema y TC
La comisión de Constitución de la Cámara de Diputados decidió por unanimidad invitar a los presidentes de la Corte Suprema, Haroldo Brito, y del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, debido a la disputa de competencias que enfrenta a ambas instituciones.
La información fue dada a conocer por el diputado y presidente de la comisión, Matías Walker (DC), en su cuenta de Twitter.
“Por unanimidad en comisión de Constitución acordamos invitar a presidenta del Tribunal Constitucional y al presidente de la Corte Suprema por contienda de competencia en relación a derechos fundamentales, en el marco de reforma al TC en trámite en esta comisión”, aseveró.
