La hermana del exsubsecretario de Desarrollo Regional y exfuncionaria de la Municipalidad de Ñuñoa, Iris Salaberry, llegó hasta la Fiscalía de Ñuñoa para entregar pruebas que acreditarían que el inspector municipal que multó a su hermano actuó de manera ilegal.

Todo partió el pasado 26 de septiembre, cuando un reportaje de la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, reveló que el en ese entonces subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry, violó la Ley del Tránsito: se pasó tres luces rojas, y al ser sorprendido por un inspector municipal que lo multó, el hombre de La Moneda, lo insultó prepotentemente.

Por si fuera poco, la situación no quedó ahí. Porque según un informe realizado por el Departamento de Seguridad Ciudadana de la comuna de Ñuñoa, a sólo minutos del incidente, la hermana del exsubsecretario, Iris Salaberry, quien en ese momento era funcionaria del municipio, intentó intervenir para evitar que el hombre de La Moneda fuera multado.

¿Pero qué ocurrió puntualmente? La mujer solicitó información del móvil “69” para conocer el nombre del fiscalizador, pero el número no existía dentro del registro de móviles. Sin embargo, al rato, Iris Salaberry volvió pidiendo expresamente la identidad del chofer municipal.

A los días, el alcalde de Ñuñoa, Andrés Zhari, confió en la palabra del inspector municipal -quien aseguró que el exsubdere se pasó tres rojas y lo insultó en reiteradas ocasiones- y removió de su cargo a Iris Salaberry, luego de su intento para evitar que la autoridad de Gobierno recibiera un parte por infringir la Ley de Tránsito.

Dicho episodio fue el que llevó a la Fiscalía Metropolitana Oriente, a cargo del persecutor Felipe Sepúlveda, a abrir una investigación de oficio para investigar un posible delito de tráfico de influencias de Iris en favor de su hermano.

Posteriormente, y a casi una semana de la publicación del reportaje, el Ejecutivo informó oficialmente que aceptaba la renuncia del subsecretario de Desarrollo Regional, Felipe Salaberry.

comillas
“Aquí hay una serie de conductas ilegales de los inspectores municipales de la Municipalidad de Ñuñoa”
- Raúl Meza, abogado de Iris Salaberry.

Pero la situación no acabó ahí, ya que este miércoles, el abogado Raúl Meza, quien representa a Iris Salaberry, confirmó que presentará una querella por injurias graves con publicidad contra su exjefe, Andrés Zahri. Acción que se ejecutará después que su representada declare ante la Fiscalía.

Además, este jueves, el abogado Raúl Meza, junto a su representada, Iris Salaberry, llegaron hasta la Fiscalía local de Ñuñoa, para -según ellos- ponerse a disposición del persecutor y colaborar con la indagatoria del fiscal Sepúlveda.

La exfuncionaria de la Municipalidad de Ñuñoa enfatizó que su trayectoria y la de su hermano son intachables. “Yo creo que se le fue de las manos a Andrés Zarhi. Aquí tenemos un daño familiar enorme”, aseguró.

El abogado Raúl Meza, expresó que entregaron imágenes que acreditan la conducta ilegal del funcionario municipal que multó a Felipe Salaberry. Asimismo, sostuvo que los tres videos que entregaron permitirán acreditar la absoluta inocencia tanto de su representada como de su hermano.

“Aquí hay una serie de conductas ilegales de los inspectores municipales de la Municipalidad de Ñuñoa”, advirtió, sin especificar el contenido de los registros audiovisuales.

ARCHIVO | Agencia UNO
ARCHIVO | Agencia UNO

Si bien intentamos consultar la versión del alcalde Andrés Zahri, desde su entorno expresaron que “no quiere convertir esto en un conventilleo”, por lo que el jefe comunal optó por no referirse nuevamente al tema.

Quien sí habló fue la concejala Patricia Hidalgo, quien hizo un llamado a funcionarios de la Municipalidad a entregar antecedentes del caso si los tienen y además realizó una denuncia respecto al jefe del municipio.

Su par, la concejala Paula Mendoza, enfatizó que han pedido información del caso y no se la han entregado.

Con todo, hasta el momento, no hay un fecha establecida para que Iris Salaberry declare en la Fiscalía por el presunto delito de tráfico de influencias, que -según establece el Código Penal- corresponde al empleado público que directa o indirectamente exigiere mayores derechos de los que le están señalados por razón de su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar o por haber ejecutado un acto propio de su cargo en razón del cual no le están señalados derechos, para lo cual se establece una sanción con reclusión menor en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo.