Los países que conforman el pacto de defensa interamericano TIAR decidieron este lunes activar el tratado para actuar de forma colectiva con el fin de sancionar a altos funcionarios del gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
Esta iniciativa promovida por Estados Unidos fue aprobada por 16 votos a favor, de un total de 19 países que componen el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), también conocido como el Tratado de Rio, con el voto en contra de Uruguay, la abstención de Trinidad y Tobago y la ausencia de Cuba.
“El Tratado de Rio brinda a la región una oportunidad para tomar finalmente medidas correctivas”, dijo John J. Sullivan, subsecretario de Estado, que representó a Estados Unidos durante el encuentro.
El canciller colombiano, Carlos Holmes, indicó que la votación en el Órgano de Consulta del TIAR permite “utilizar todas las medidas disponibles para investigar, perseguir, capturar, extraditar y sancionar” a funcionarios designados.
También habilita a congelar los activos de las personas designadas en cualquiera de los países firmantes.
Holmes explicó que este instrumento va a permitir “identificar y designar a personas y entidades del régimen de Nicolás Maduro involucradas en redes de delincuencia”.
El encuentro se celebró en Nueva York en medio de la pugna entre el gobierno de Nicolás Maduro y el líder del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela y considerado como tal por la Organización de Estados Americanos (OEA).
Medida busca sanciones económicas
El tratado de defensa lo integran Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela, además de Cuba.
Cuba no participa en el mecanismo pese a que nunca se retiró del pacto y en esta reunión Venezuela estuvo representada por delegados de Guaidó, ya que la cita había sido convocada en el seno de la OEA.
Caracas abandonó hace seis años este tratado, pero en julio, la Asamblea Nacional venezolana liderada por Guaidó aprobó su regreso.
Guaidó celebró la decisión afirmando que cuentan “con el respaldo y el reconocimiento del mundo”.
El canciller chileno, Teodoro Ribera, señaló que la medida busca sancionar financieramente a colaboradores de Nicolás Maduro.
“La medida está orientada a sancionar financieramente a los jerarcas del régimen de Maduro y procurar que ellos no puedan lucrar de la situación agobiante en que se encuentra el pueblo venezolano”, afirmó.
“Esta resolución excluye el uso de la fuerza, considera también la situación humanitaria en Venezuela y fue acordada por 16 votos a favor, y sólo uno en contra, el de Uruguay”, explicó el jefe de la diplomacia chilena.
“Vinculante para toda la región”
Julio Borges, el encargado de las Relaciones Exteriores de Guaidó, aseguró que la resolución es “una decisión vinculante para toda la región”.
Gustavo Tarre, delegado de Guaidó ante la OEA, dijo a la AFP que se buscó redactar la resolución aprobada de forma que no colisionara con el ordenamiento interno de los países.
“Esto también tiene como efecto que se atemoricen quienes todavía están en Venezuela ejerciendo funciones públicas y robándose el dinero o los que dirigen cuerpos represivos”, indicó Tarre.
Los países del Grupo de Lima, en tanto, calificaron una vez más de “ilegítimo y dictatorial” al gobierno de Maduro, al que acusan de impedir el avance de un diálogo con la oposición para alcanzar una salida a la crisis mediante elecciones libres.
A mediados de septiembre, Guaidó declaró “agotada” la instancia de los diálogos que el gobierno y la oposición mantenían en Barbados desde mayo con la mediación de Noruega.
Un día después, Maduro anunció que alcanzó un acuerdo con un sector minoritario de la oposición para formar una mesa de diálogo.
El Grupo de Lima, que integran Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, fue creado hace dos años para adoptar una postura común frente a la crisis venezolana.
Según la ONU, la situación en Venezuela ha desatado el éxodo de unos cuatro millones de personas, principalmente a países de la región.
También se reunió el Grupo de Contacto que integran la Unión Europa, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Bolivia y Uruguay.
Durante la cita, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, dijo que la situación en Venezuela sigue bloqueada, pero insistió en la búsqueda de una solución “negociada y pacífica” que lleve a elecciones presidenciales creíbles y trasparentes.
