La Sala de la Cámara de Diputados tomará conocimiento este martes de los 5 capítulos que componen la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, para posteriormente notificar a la secretaria de Estado, quien quedará con arraigo nacional.
Sin embargo, ya conocidos los argumentos jurídicos que sustentan el libelo, la tarea en la oposición estará enfocada en convencer a aquellos diputados, principalmente de la Democracia Cristiana, que no están del todo cuadrados con la acusación.
El diputado socialista, Leonardo Soto, se mostró confiado en que la oposición tendrá los 78 votos para aprobar el libelo y pasar al Senado. “Vamos a sumar a los parlamentarios de la Democracia Cristiana y a los del Partido Radical, porque aprobaron todas las leyes que hoy día no está cumpliendo la ministra”, señaló.
De paso, puso en duda la libertad de enseñanza que la ministra Cubillos ha dicho defender, considerando el irrestricto apoyo que la secretaria de Estado entregó a la dictadura de Augusto Pinochet.
“Ella cree en la libertad. Sabemos que su historia la contradice. Ella participó en la campaña del Sí para la reelección del dictador. Entonces, los chilenos pensamos sobre la libertad algo distinto de lo que cree la actual ministra”, subrayó.
Desde el Gobierno, en tanto, han insistido en desacreditar la acusación constitucional aduciendo que carece de fundamentos jurídicos y que sólo tiene por objeto censurar a la ministra Cubillos.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, incluso aseguró que serían los propios diputados que apoyan el libelo, quienes estarían faltando a su deberes constitucionales por usar la acusación, pese a ser una herramienta de su exclusiva competencia.
“Es muy grave cuando las instituciones y en este caso -un sector de la Cámara de Diputados- deja de cumplir sus atribuciones de acuerdo a la Constitución. Es muy grave porque debilita el funcionamiento de la institución, se debilita el funcionamiento de la democracia”, remarcó.
Sin embargo, el diputado de la UDI, Jaime Bellolio, defendió la facultad que tienen los parlamentarios para hacer uso de la acusación constitucional, poniendo el acento en los argumentos más que en el uso o no del mecanismo.
“Creo que es un mecanismo que es válido, no sólo porque está en nuestra Constitución y es parte de nuestras atribuciones, sino que es una manera de contrapesar a los parlamentarios con respecto al poder ejecutivo. Yo no tengo problemas con el instrumento. Lo que hay es un intento de censura política”, aseguró el gremialista.
El periplo de Cubillos
Con todo, una vez que la ministra Cubillos sea notificada por la secretaría General de la Corporación, quedará automáticamente con prohibición de salir del país y comenzarán a correr los 10 días para que presente sus descargos de forma personal, por medio de un abogado o por escrito.
Presentada la defensa, la comisión revisora de la acusación constitucional tiene seis días para estudiarla y pronunciarse; dando paso a que la Sala de la Cámara se pronuncie si el libelo cumple o no los requisitos que señala la Constitución.
Si se acoge la cuestión previa, la acusación se da por no interpuesta. De lo contrario, se avanza hacia el fondo, donde el pleno deberá votar su admisibilidad, presumiblemente la primera semana de octubre, y en caso de prosperar, se nombrará una comisión de tres diputados para que informe al Senado, cuya cámara debe ratificar la decisión.
