Fiel a su estilo -y luego de oficializarse la acusación constitucional-, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, dio inicio a una fuerte ofensiva comunicacional, respaldada abiertamente desde La Moneda, para desacreditar el libelo y cuestionar los argumentos jurídicos que plantea el texto presentado por todos los partidos de la oposición y que será informado mañana martes ante la Sala de la Cámara de Diputados.
En un fin de semana recargado de entrevistas, la secretaria de Estado ha buscado instalar la idea de que la acusación no son más que diferencias políticas, descartando cualquier responsabilidad en los problemas de implementación que ha tenido el Ministerio de Educación en varias leyes de la reforma educacional.
Si bien el libelo fue presentado con las firmas de todos los partidos de oposición, no están asegurados los 78 votos para que la acusación avance al Senado. Por ello, nuevamente las miradas se centraron en la Democracia Cristiana, cuyo presidente, Fuad Chahín, sostuvo que si bien no existe orden de partido para votar el texto, éste tendría más sustento que el que destituyó a Yasna Provoste hace 11 años.
Declaraciones en las que no quiso profundizar la ministra Marcela Cubillos, señalando que su principal ocupación es preparar su defensa, ya que una vez notificada corre un plazo de 10 días para entregar sus descargos a la comisión revisora del libelo, que integrarán 5 diputados.
“Yo lo que he escuchado, cuando la Democracia Cristiana y el presidente de la Democracia Cristiana dice que los diputados tienen que analizar esto en su mérito, ese es el sentido de cualquier acusación constitucional. Por lo tanto, más allá de la DC, lo que uno espera es que cualquier diputado frente a una acusación constitucional la analice en su mérito. Por eso, mi principal preocupación es acreditar que efectivamente los hechos que ahí se imputan son falsos”, señaló.
El diputado de la DC, Gabriel Silber, criticó el tono con que la ministra Cubillos y el Gobierno han salido a responder por la acusación constitucional, ya que -en su opinión- no es menor que el libelo haya sido firmado por el jefe de bancada falangista.
“Nos habría gustado otro tipo de actitud, más allá de hacer señalamientos o comparaciones con la gestión de la ministra Provoste, que todos sabemos lo injustificada que fue en su minuto (2008), y tal vez haber abordado esta acusación desde otro contexto. Pero como señalo, aquí el Gobierno está haciendo todo lo imposible para que esta acusación sea aprobada”, advirtió el parlamentario.
Desde el oficialismo, en tanto, se han mostrado optimistas en que contarán con los votos suficientes de diputados de la oposición, para que no prospere la acusación. El parlamentario de la UDI, Jaime Bellolio, llamó a los sectores moderados a desmarcarse de quienes apoyan el texto.
“Aquellos que no se alinean con los radicales, aquellos que no se alinean con la obstrucción permanente, no den el sí. Las experiencias en el pasado sobre las acusaciones constitucionales, no han dejado también un sabor amargo”, precisó el gremialista.
Sin embargo, desde el Partido Socialista, el diputado Leonardo Soto, insistió en que Cubillos no ha cumplido de forma estricta con la implementación de la leyes impulsadas en la administración anterior, haciendo prevalecer sus críticas por sobre una correcta ejecución de la reforma educacional.
“Es una actitud contradictoria de la ministra, porque no pierde oportunidad de decir que ella piensa distinto a las leyes de educación que tiene que aplicar. Ella se jacta de eso. Presume de eso. Y la verdad, lo que está haciendo, es no cumplir con las leyes porque son contrarias a sus ideas”, subrayó.
El periplo de Cubillos
Con todo, una vez que la ministra Cubillos sea notificada por la secretaría General de la Corporación, quedará automáticamente con prohibición de salir del país y comenzarán a correr los 10 días para que presente sus descargos de forma personal, por medio de un abogado o por escrito.
Presentada la defensa, la comisión revisora de la acusación constitucional tiene seis días para estudiarla y pronunciarse; dando paso a que la Sala de la Cámara se pronuncie si el libelo cumple o no los requisitos que señala la Constitución.
Si se acoge la cuestión previa, la acusación se da por no interpuesta. De lo contrario, se avanza hacia el fondo, donde el pleno deberá votar su admisibilidad, presumiblemente la primera semana de octubre, y en caso de prosperar, se nombrará una comisión de tres diputados para que informe al Senado, quien debe ratificar la decisión.
