En febrero de este año comenzó una indagatoria reservada entre la Fiscalía Metropolitana Occidente y el Departamento de Investigación Secundaria del Aeropuerto de la PDI, por la falsificación de documentos de identidad.
Los presuntos involucrados iban en parejas a alguna oficina del Registro Civil en Santiago: haciéndose pasar por usuarios normales, un suplantador y un suplantado, previa organización con algún trabajador del servicio -al que le pagaban entre 700 mil y 1 millón de pesos-, realizaban un trámite para sacar pasaporte o cédula.
El suplantado daba sus datos, firmas y hasta sus huellas digitales, pero la fotografía se la tomaban al suplantador, que tenía antecedentes penales. Hasta ahora se desconoce si el suplantado recibía dinero.
Hasta este jueves cinco personas habían sido formalizadas, una era trabajadora activa del Registro Civil, quien quedó con cautelares menores, a diferencia de los otros cuatro que quedaron en prisión preventiva.
A ellos se sumaron diez personas más que ayer enfrentaron al Noveno Juzgado de Garantía de Santiago luego de ser detenidos entre el miércoles y jueves por personal de la Policía de Investigaciones.
Seis de estos nuevos aprehendidos son exfuncionarios y uno era trabajador activo del Registro Civil, según confirmó el fiscal Rodrigo González, quien imputó los delitos de cohecho, falsificación de instrumento público y alteración maliciosa de una base de datos.
Además el persecutor entregó otro detalle respecto de la motivación para suplantar identidades: se trataba de personas que tenían antecedentes penales y algunas incluso tenían prohibición de ingresar a algunos países, por lo que con esto buscaban burlar esas medidas en su contra.
“De otra manera no habrían podido hacer abandono del país y circular libremente por otros países donde tenían prohibición de entrar por antecedentes en la comisión de otros hechos delictuales”, subrayó González.
Solo uno de los diez detenidos, cuyas identidades y rostros no pueden ser revelados, quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Los demás, incluyendo a los exfuncionarios y el trabajador activo del servicio, quedaron en prisión preventiva.
Al dar a conocer esta decisión, el juez Hugo Torres Arias, calificó los hechos como terroríficos. “Las consecuencias escalofriantes de todo esto me hace considerar que la libertad de los imputados, sin duda, constituye un peligro real y concreto para la seguridad de la sociedad”, señaló al cierre de la audiencia respecto de los formalizados que quedaron en prisión preventiva.
Los distintos abogados defensores que representaron a los nueve imputados que quedaron en prisión preventiva se habían opuesto a dicha medida cautelar, entre otros argumentos, por no compartir los delitos imputados por la Fiscalía.
Al respecto, el defensor penal público Ignacio Moya, aseguró que la prisión preventiva fue una medida exagerada. “El Ministerio Público habla de tres delitos. La defensa entiende que sólo con la falsificación de instrumento público sería suficiente. Y con eso, dado que ninguno tiene antecedentes penales, es desproporcionada la cautelar”, aseguró.
Por lo anterior es que al menos este abogado no descartó recurrir a la Corte de Apelaciones, para buscar revertir la prisión preventiva contra los imputados.
Con todo, el juez Torres lo fijó en 120 días el plazo de la investigación. En paralelo, la Fiscalía -junto con el Departamento de Investigación Secundaria del Aeropuerto de la PDI- sigue desarrollando diligencias para lograr detener a más presuntos involucrados que ya estarían identificados, la mayoría de los cuales se mantienen en el extranjero.
