Pese a los cinco capítulos que tendrá la acusación constitucional anunciada por el Partido Socialista contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, la secretaria de Estado se mostró segura de que no existen los argumentos jurídicos para destituirla de su cargo (pese a que se trata de un juicio netamente político).
La titular de la cartera cree que se le acusa por hacer su trabajo. Como muestra, puso sobre la mesa las irregularidades que detectó una auditoria solicitada por el Mineduc a los Servicios Locales y la Dirección Nacional de Educación Pública, cuyas denuncias -aseguró- fueron hechas en tiempo y forma ante la justicia.
“Hace cuatro meses anunciaron por primera vez esta acusación que no tiene ningún fundamento jurídico. En el fondo, me quieren acusar por hacer mi trabajo, por hacer las investigaciones y las fiscalizaciones que hay que hacer, por escuchar a los apoderados, por tratar de sacar la violencia en los colegios, por tratar de defender el derecho de los padres a elegir, por centrar el debate en la calidad de la educación y no en ideología”, subrayó.
Aunque ella lo descarta, es precisamente esa supuesta omisión en la denuncia oportuna uno de los argumentos esgrimidos por el Partido Socialista para acusarla constitucionalmente, lo que se suma a una eventual vulneración del principio de probidad, por falta de veracidad de la información que entregó la secretaria de Estado sobre el Sistema de Admisión Escolar, en medio de la campaña comunicacional del Gobierno por el fracasado proyecto Admisión Justa.
Otro capítulo importante de la acusación apunta a la protección de la vida privada y los datos personales, a propósito del envío masivo de correos electrónicos por parte de la secretaria de Estado -promocionando Admisión Justa- usando la base de datos de apoderados que tiene el Mineduc.
En cuarto lugar, la Bancada PS plantea que la ministra Cubillos no ejerció el control jerárquico para la buena implementación de la Ley de Nueva Educación Pública, en específico, por la tardanza en el nombramiento de los nuevos cargos. Y en quinto lugar suma cuestionamientos a la ejecución presupuestaria: acusa que la falta de acción ha afectado la implementación la Ley de Educación Superior y la Ley de Universidades del Estado.
Frente Amplio en duda
El diputado socialista, Juan Santana, espera que la acusación cuente con los votos de los diputados del Frente Amplio cuando se analice en la Sala, luego que el bloque se restara esta semana de apoyar con sus firmas el documento.
“Ellos han manifestado diferencias respecto a la estrategia, respecto a los momentos. Eso es legítimo. Eso está bien y ellos tienen autonomía para poder mencionarlo. Y yo espero que ellos una lectura como corresponde cuando esta acusación constitucional ingrese a la Sala y los parlamentarios en su conjunto tengamos que votar”, señaló.
Y aunque pidieron tiempo para revisar el texto, hasta la fecha no han querido firmar el documento.
Con todo, al margen de la pugna política, desde el mundo académico cuestionan la eventual acusación. El rector de la Universidad de Valparaíso y vicepresidente ejecutivo del Cruch, Aldo Valle, dijo que esto va a distraer las labores que tiene el Mineduc.
“Obviamente que distrae la energía y la fuerza de las autoridades superiores del Ministerio, por eso yo más bien recomiendo que se verifiquen los antecedentes con el mayor rigor posible a efectos tampoco de no distorsionar una herramienta institucional, tener plausibilidad ojalá desde su origen para no distraernos en un conflicto que, finalmente, puede producir el efecto contrario al perseguido”, indicó.
