Para el próximo jueves 5 de septiembre se postergó el ingreso de la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos, luego que así lo decidieran ayer miércoles las bancadas de oposición, principalmente, tras escuchar los argumentos jurídicos que propone la bancada socialista para sustentar un juicio político contra la titular de Educación.

Para entonces se espera que la iniciativa sea respaldada por el Frente Amplio, Frente Regionalista Verde, Partido Socialista, Partido Por la Democracia, Democracia Cristiana, Partido Comunista y Partido Radical.

Pero en la Democracia Cristiana y el Frente Amplio manifestaron que, aunque están disponibles para respaldar con firmas la acusación constitucional, como afirmó el falangista Gabriel Ascencio, puntualizaron que deben revisar el documento propuesto.

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“El Partido Socialista se abrió a socializar ese documento. Nosotros lo vamos a revisar. Esa es la posición del Frente Amplio”
- Camila Rojas, diputada FA.

Incluso la diputada frenteamplista Camila Rojas, sostuvo que -mientras no revisen sus fundamentos- la acusación sigue siendo sólo del PS.

“El Partido Socialista se abrió a socializar ese documento. Nosotros lo vamos a revisar. Y esa es la posición del Frente Amplio”, subrayó.

Con todo, lo más probable es que el documento sea analizado durante la primera semana de octubre en la Cámara.

Así fue que zanjaron el quiebre al interior de la oposición, dado que inicialmente el Frente Amplio rechazó firmar la acusación constitucional argumentando que el PS no les entregó anticipadamente el libelo para analizar sus méritos legales.

Dardos contra Cubillos

Entre los cuestionamientos hacia la ministra se cuenta la posible utilización de recursos públicos para informar acerca del sistema de admisión; la falta de antecedentes sobre la implementación de la Ley de Centros de Formación Técnica Estatales y una supuesta negligencia en la aplicación de la ley de Nueva Educación Pública.

Radio Bío Bío tuvo acceso parcial al borrador del libelo, en el que se adelantan los títulos que tendrán los capítulos por los cuales se acusará a la secretaria de Estado.

ARCHIVO | Agencia UNO
ARCHIVO | Agencia UNO

En primer lugar, se le acusa de faltas a la probidad por “falta de veracidad” y por faltar al respeto y protección de la vida privada. Esto último, por el episodio en que se acusó el uso de datos personales por parte del Ministerio de Educación (Mineduc) por el envío masivo de correos electrónicos de la cartera a apoderados, en defensa del proyecto de ley Admisión Justa.

Los diputados también la acusan de “no ejercer un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia a objeto de la adecuada implementación de la ley que creó el nuevo Sistema de Educación Pública. También se le acusa de dejar sin ejecución, por omisión, las leyes en materia de ejecución presupuestaria en materia de servicios locales de educación “y déficit en la implementación de la ley 21.091 sobre educación superior y 21.094 sobre universidades del Estado, así como de fiscalizar las actividades del sector del Ministerio de Educación.

“He cumplido las leyes”

Más temprano, la ministra Marcela Cubillos desestimó haber incurrido en algún incumplimiento o vulneración de la Constitución y las leyes y le recordó a la oposición que una acusación constitucional no puede estar fundada en meras diferencias de carácter político.

“Yo no sólo he cumplido las leyes al pie de la letra, además he sido especialmente proactiva en velar en que se cumpla”, argumentó la jefa de la cartera de Educación.

Cubillos ejemplificó su actuar con la implementación de la educación pública donde desarrolló “una completa auditoría y fiscalización para que los recursos lleguen a los niños que ahí se educan”.

Asimismo, salió a defender a la vocera Cecilia Pérez, a raíz de las esquirlas que dejaron las incendiarias declaraciones de la portavoz, quien se lanzó contra el PS por impulsar la acusación contra la titular de Educación y apuntó a supuestos nexos del partido con el narcotráfico.

“La ministra Cecilia Pérez no dijo nada diferente de lo que no hayan dicho algunos dirigentes del PS cuando surgió el conflicto de las elecciones internas”, subrayó.

Por la tarde el PS anunció que mantendrá medidas de presión contra el Gobierno, entre ellas, la prohibición para que los subsecretarios o cualquier autoridad del Gobierno pueda entrar a las comisiones legislativas.

“Mantendremos nuestra medida tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, porque esto no tiene que ver solo con el PS. Los gobiernos tienen la obligación de hablar con la verdad. El Presidente tiene la obligación de crear un clima de diálogo basado en el respeto y la responsabilidad”, señaló el diputado Monsalve.

A ello sumaron una última estocada: el PS espera incluir un quinto capítulo a la acusación contra Cubillos, el cual señala que habría incumplido el deber de denuncia cuando ocurre algún tipo de delito donde una autoridad toma conocimiento de éste.