Hace un año auditores de Radio Bío Bío en Valparaíso daban cuenta que estudiantes de Quintero llegaban a diversos recintos asistenciales con náuseas, dolor de cabeza y vómito.

Hasta el momento nunca se ha dicho qué los afectó. Sin embargo, el hecho está siendo investigado por la Fiscalía Regional del Bío Bío, por el momento sin formalizados.

Ayer martes se registró otro episodio de mal olor, el que los habitantes de Puchuncaví describieron como “una mezcla de cloro y huevo podrido”, lo que hizo que 42 personas llegaran con malestar al Cesfam Ventanas.

“Fueron dados de alta al domicilio. Diagnóstico no podemos dar, porque es inespecifico. Si hubiera algún tipo de síntoma neurológico, ahí tal vez podría hablarse de intoxicación”, subrayó Edith Freire, directora de este recinto asistencial.

Desde el Gobierno fue la seremi de Medio Ambiente, Victoria Gazmuri, quien se refirió a este episodio de mal olor, pero sin catalogarlo como una intoxicación.

puchuncav-750x400

Más bien habló de “valores por sobre lo habitual” en dos estaciones de monitoreo de la calidad del aire, no entrando en detalle de él o los compuestos, pero descartando el dióxido de azufre.

“Si bien en las estaciones en que se produjeron no generaron daño a la salud de las personas, el viento y las malas condiciones de ventilación sí pueden generar que estos valores produzcan síntomas que son percibidos, particularmente, por la población sensible”, precisó.

Más temprano, las autoridades encabezadas por la subsecretaria de Salud, Paula Daza; y el subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, entregaron un balance en la intendencia de Valparaíso sobre las medidas tomadas tras los episodios del año pasado.

Paula Daza detalló que 1.370 personas resultaron intoxicadas hace un año, las que ahora serán citadas para ser controladas a un año de la emergencia, “para saber cuál es la epidemiología de la salud de las personas de Quintero y Puchuncaví”.

comillas
“Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y lo vamos a seguir realizando. Pero en las críticas siempre se tratan de sacar oportunismos políticos o pequeñas ventajas. Pero en ese juego nosotros no vamos a caer”
- Felipe Riesco, subsecretario de Medio Ambiente.

Mientras que el subsecretario de Medio Ambiente, Felipe Riesco, dijo que hasta ahora no se ha podido identificar los compuestos orgánicos volátiles relacionados a los episodios de contaminación, hecho que investiga la Fiscalía del Bío Bío.

“Hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance y lo vamos a seguir realizando. Pero en las críticas siempre se tratan de sacar oportunismos políticos o pequeñas ventajas. Pero en ese juego nosotros no vamos a caer”, señaló.

Lo cierto es que a un año de ocurridos los episodios de contaminación en Quintero y Puchuncaví, aún no se realizan exámenes a las personas para conocer qué las pudo haber afectado, algo que se ha solicitado insistentemente por parte de parlamentarios y la sociedad civil al Ministerio de salud.

Tampoco hay formalizados por la investigación que lleva adelante la Fiscalía, indagatoria que eventualmente apuntaría al mal manejo de Petróleo Iraní por parte de ENAP, algo que deberán aclarar los peritajes que ya ha realizado el ente persecutor, con tomas de declaraciones en calidad de testigos e imputados a más de 100 personas.

ARCHIVO | Agencia UNO
ARCHIVO | Agencia UNO

“Ni un interés”

“Es hora de detener las irresponsabilidades de las empresas (…) claramente no tienen ni un interés en mejorar sus procesos, y no aprendieron nada del tremendo daño que provocaron hace un año”, comentó el senador de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuán.

El parlamentario remarcó que se requiere hacer un seguimiento al fallo de la Corte Suprema, el que de forma inédita ordenó al Estado llevar a cabo 15 medidas para garantizar los derechos a la integridad física y psíquica y a un medio ambiente sano de los habitantes de la zona.

El diputado Diego Ibáñez, del Movimiento Autonomista, apuntó a la ministra Carolina Schmidt como responsable de las intoxicaciones, pues según él no ha acatado la sentencia del máximo tribunal.

“La obliga a mejorar la actual norma ambiental para que las empresas se vean obligadas a invertir en la más alta tecnología, y no abaraten los costos a costa de la salud de la gente”, afirmó.