El Ministerio de Transportes confirmó que la totalidad de los servicios de la empresa Línea Azul fueron suspendidos, mientras se investiga el accidente de la semana pasada en San Francisco de Mostazal que terminó con seis muertos.
Tras el volcamiento de una máquina en San Francisco de Mostazal el lunes de la semana pasada, que dejó seis muertos y decenas de heridos, se determinó la suspensión de los servicios interurbanos de Línea Azul.
Entre las irregularidades detectadas que justificaron esa decisión, estaba que la patente del bus siniestrado había sido adulterada, pues correspondía a la de otra máquina dada de baja. Incluso, por este hecho el dueño de la empresa permanece en prisión preventiva, tras ser formalizado en Graneros por cinco delitos, entre ellos homicidio.
Sin embargo, ahora la compañía con base en Chillán deberá dejar de realizar la totalidad de sus servicios, después de que el Ministerio de Transportes oficializara esa determinación ayer.
“En cuanto sean notificados de una suspensión, que va a durar mientras se aclaren las condiciones del accidente y la Fiscalía termine su investigación, va a estar con prohibición de funcionar todos los servicios, interurbanos y rurales”, confirmó este miércoles la ministra Gloria Hutt.
El Ministerio de Transportes no descartó que la medida sea aplicada de manera definitiva, tanto para los recorridos interurbanos como para los rurales.
Entre los servicios suspendidos están aquellos que Línea Azul realizaba entre las regiones del Maule, Ñuble y Bío Bío, como por ejemplo el que unía Chillán con Concepción.
Esta situación afecta de sobremanera a los habitantes de Parral, en la región del Maule, puesto que la compañía tenía el monopolio de los servicios hacia Chillán y Concepción. Si bien hay otras líneas que operan en la comuna, tienen otros destinos.
“Hay muchas personas que van a trabajar o estudiar a Chillán y otras a Linares”, admitió a BioBioChile la alcaldesa Paula Retamal, añadiendo que el caso genera una gran preocupación en su comuna.
“Línea Azul es una de las empresas que tiene mayor cantidad de salidas diarias a sectores cercanos, así que no nos podemos quedar sin este recorrido”, profundizó.
En ese sentido, sostuvo que mantienen conversaciones con la Intendencia y la Seremi de Transportes para buscar una solución.
Comisión investigadora
Mientras, diputados opositores se encuentran reuniendo firmas para que en la Cámara se inicie una comisión investigadora por el accidente, con el fin de que se establezcan responsabilidades políticas.
“Estimamos que es necesario crear esta comisión para dilucidar la forma en que el Gobierno, a través de las diferentes autoridades, particularmente los órganos competentes, el Ministerio de Transportes y otros, ha llevado las políticas de seguridad en materia de transporte público”, comentó la diputada Loreto Carvajal, del Partido Por la Democracia (PPD).
Según Transportes, el 2018 hubo 57 mil controles a buses interurbanos, cursándose infracciones en el 18,3% de esos casos. En tanto, en un operativo especial desarrollado el fin de semana pasado se retiraron tres máquinas de circulación.
