La Contraloría General de la República tomó razón, aunque con alcances, del decreto que presentó el Gobierno que faculta a las Fuerzas Armadas para colaborar en el combate al narcotráfico en la frontera. El organismo fiscalizador aclaró que la detención y tareas investigativas corresponden única y exclusivamente a las policías.

El decreto dice relación con la entrega de facultades a las tres ramas de las Fuerzas Armadas para que participen en el combate del narcotráfico en la frontera y había sido enviado por el presidente Sebastián Piñera el pasado 9 de julio, para la toma de razón de la Contraloría.

En su respuesta, conocida este martes, Contraloría indica que la colaboración de las FF.AA. deberá estar sometida a la autoridad civil, sin poder “materializar el referido apoyo de manera autónoma”.

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“Este decreto permite a nuestras Fuerzas Armadas colaborar en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado transnacional, aportando logística, transporte, inteligencia, tecnología
- Sebastián Piñera

Además, su accionar deberá darse sólo en las fronteras y coordinarse con la Dirección Nacional de Fronteras y Límites del Estado de Chile (Difrol). Con esto, el ámbito de acción se acota, solamente, a proveer medios logísticos, tecnológicos y de transporte.

La Contraloría puso un alcance, es decir, indicó expresamente que las Fuerzas Armadas en ningún caso deberán reemplazar las funciones que la Constitución y las leyes le entregan a Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

Con ello, el organismo fiscalizador aclaró que la detención y tareas investigativas corresponden única y exclusivamente a las policías.

“Este decreto permite a nuestras Fuerzas Armadas colaborar en la lucha contra el narcotráfico y contra el crimen organizado transnacional, aportando logística, transporte, inteligencia, tecnología. Va a fortalecer nuestra capacidad de proteger mejor nuestras fronteras”, celebró el presidente Sebastián Piñera.

Cristóbal Escobar | Agencia UNO
Cristóbal Escobar | Agencia UNO

El ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, defendió el proceso por el que se concedió la autorización por parte de la Contraloría e indicó que el objetivo se cumplió.

“Pasamos de la coordinación, que era lo que habíamos implementado nosotros a partir del año recién pasado, a una posibilidad de colaboración en materia logística, de antecedentes, de vigilancia, de visores, instrumental”, recalcó Chadwick.

Críticas por “anuncio rimbombante”

Desde la oposición, el presidente de la comisión de Defensa de la Cámara, el diputado de Revolución Democrática (RD) Jorge Brito, puntualizó que el resultado de la toma de razón con alcances incluyó lo que ellos estaban pidiendo.

“Era nuestra propuesta, que es que las Fuerzas Armadas hagan lo que han estado haciendo por lo menos en los últimos cinco años. Es decir, colaborar al resguardo a la soberanía en la frontera (…) y las policías poder actuar para detener en caso de que haya un delito flagrante”, aseveró Brito.

El senador independiente y miembro de la comisión de Defensa, Pedro Araya, postuló que la decisión de la Contraloría echó por tierra el discurso inicial del presidente Piñera y llamó al Ejecutivo actuar de forma seria sobre el combate de la delincuencia.

Jorge Brito | Leonardo Rubilar | Agencia UNO
Jorge Brito | Leonardo Rubilar | Agencia UNO

“Las Fuerzas Armadas van a seguir teniendo las mismas atribuciones que tenían antes de que el presidente Piñera hiciera este anuncio rimbombante. Lo que uno esperaría es que el Gobierno tome con seriedad el tema del cuidado de la frontera, el combate al terrorismo, al narcotráfico, y presente propuestas concretas”, comentó Araya.

Para varios políticos el debate no es nuevo, sino que responde a una estrategia que se viene realizando desde hace varios años, que incluye el Plan Frontera Norte, y en la que las Fuerzas Armadas han venido contribuyendo con las policías a través de una coordinación permanente.

Fuentes ligadas a las Fuerzas Armadas indicaron que efectivamente la cooperación se ha venido realizando en los últimos años. Lo que sí resaltan es que se haya institucionalizado con el decreto presidencial que visó con alcances el contralor general.