Este viernes comenzará la preparación del juicio oral contra siete excarabineros y un abogado por el caso del asesinato de Camilo Catrillanca. La familia pidió que cuatro de los exefectivos del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) sean condenados a presidio perpetuo como autores de homicidio calificado.
Según se dio a conocer durante el domingo, la primera audiencia de preparación del juicio oral será el próximo viernes, a partir de las 09:30 horas, en el Juzgado de Garantía de Collipulli.
Camilo Catrillanca fue asesinado en la comunidad Temucuicui Tradicional de Ercilla en noviembre pasado, cuando recibió el disparo de un efectivo del GOPE, que había ingresado al predio en medio del procedimiento por el robo de un vehículo.
En el caso, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha invocado el delito de homicidio calificado consumado, además de homicidio calificado frustrado por el adolescente que lo acompañaba.
“La pretensión que nosotros tenemos es que dada la gravedad de la vulneración de derechos que ocurrió el día que mataron a Camilo, estos deben ser sancionados con el máximo de la penalidad posible, en la perspectiva de garantizar la no repetición”, comentó el jefe regional en La Araucanía del INDH, Federico Aguirre.
En esa misma línea, la familia del comunero pidió presidio perpetuo para cuatro ex GOPE, como autores de homicidio calificado, y 10 años de presidio para otros tres exuniformados, además de un abogado, como encubridores.
“Todas las conductas realizadas por los cuatro a los cuales nosotros estamos acusando de encubridores fueron dirigidas a ocultar el delito, lo cual cabe perfectamente dentro del tipo penal respectivo”, comentó el abogado de la familia, Nelson Miranda.
Las acusaciones detalladas se suman a las del Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado y la familia de adolescente que acompañaba a Catrillanca.
Respecto al menor, el caso está a cargo del abogado Sebastián Saavedra, del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), quien pide entre 11 y 45 años de cárcel para cada uno de los exfuncionarios, según su nivel de participación en el crimen.
