Fotografía: Jaime Silva (BBCL)

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  • La lógica iba así: la empresa constructora presentaba el progreso del proyecto y su contraparte, es decir la Jefatura de Ahorro para la Vivienda (JAVE) del Ejército, debía pagar por dichos avances. ¿El problema? Un suboficial, el inspector técnico de obras y el representante legal de la empresa cursaron y visaron pagos por trabajos inexistentes. Las obras fueron abandonadas con un 64% de desarrollo, la firma se fue a la quiebra y la JAVE quedó con las manos prácticamente vacías. Los hechos descritos hoy figuran en una querella ingresada por la entidad castrense. La historia la revela la Unidad de Investigación de BioBioChile.

    Más de $2.800 millones de pesos en exceso pagó el Ejército de Chile a una empresa por la edificación de un proyecto habitacional en Coyhaique, cuyas obras simplemente fueron abandonadas por la firma en medio de las faenas.

    El episodio consta en una querella criminal interpuesta recientemente por la División de Bienestar, en contra de quienes resulten responsables, por los delitos de estafa, falsificación ideológica de instrumento privado y el uso malicioso de éste.

    En el libelo de 22 páginas presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, la entidad castrense acusa a la constructora Alcarraz de haber falsificado documentación para obtener fraudulentamente los dineros de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda (JAVE).

    Dicha entidad busca contribuir al bienestar del personal en servicio activo por medio de la promoción de un “ahorro sistemático y seguro que permita, a través de una óptima administración, financiar créditos oportunos”, y así acceder a una vivienda.

    En este caso, todo terminó en tribunales.

    Lea la querella

    El comité

    Uno de los proyectos habitacionales financiados por la repartición correspondía a la “Villa Los Torreones” en Coyhaique.

    Para su concreción, los asociados de la JAVE interesados en obtener su vivienda propia se organizaron bajo un comité, siendo su presidente el suboficial Roberto Góngora.

    Este último, financiado por la JAVE, posibilitaría al grupo de militares adquirir un sitio y contratar la construcción de 230 viviendas, una sede social y obras de urbanización interna, juntamente con una multicancha.

    Una vez finalizadas las obras, la idea era vender los inmuebles a los miembros de la instancia.

    Hasta ahí todo bien.

    El contrato

    El 24 de enero de 2017, el comité finalmente celebró con la Constructora Alcarraz Limitada un primer contrato para la edificación del proyecto habitacional.

    Se acordó fijar un plazo de 780 días corridos para las obras, por una suma total que superaba los $7.576 millones.

    Casi un año y medio después, se acordó una adenda en la que se incluían nuevas obras por poco más de $472 millones, con lo que la JAVE pagaría a la empresa un total que superaba los $8 mil millones.

    La lógica iba así: Alcarraz debía presentar estados de avance de acuerdo al progreso físico de la obra y su contraparte, es decir la JAVE, debía pagar esos avances en un plazo no superior a los 23 días, desde la fecha de recepción de la factura y sus antecedentes de respaldo en oficinas de la repartición castrense.

    Todo salió mal.

    Los números no cuadran

    Al poco andar, en enero de 2019, las obras simplemente fueron abandonadas por la empresa. Sus trabajadores iniciaron un paro indefinido por el no pago de remuneraciones por parte de Alcarraz, con un estado de avance de construcción del proyecto del 64%.

    Dicho de otro modo: aún sin terminar.

    ¿El problema? La JAVE en lugar de pagar los $5 mil millones que correspondían por dicho progreso de los trabajos, canceló unos 7,8 mil millones de pesos. Es decir, un 97,83% de los dineros comprometidos, lo que significó un pago en exceso de $2.800 millones.

    Según acusa el Ejército, el abandono del proyecto develó que Alcarraz falseó los estados de desarrollo de los trabajos, tanto respecto de la construcción como del urbanismo.

    Para cuando en la JAVE se percataron de lo ocurrido, la empresa ya se había sometido a un procedimiento de liquidación concursal forzoso, más conocido como “quiebra”.

    “De este procedimiento no se pudo obtener ningún recupero, pues Alcarraz mantenía deudas millonarias con sus trabajadores y otros acreedores con preferencia crediticia”, versa el escrito.

    La JAVE se quedó con las manos vacías.

    El presidente

    Si bien la querella está dirigida contra quienes resulten responsables, en el documento aparecen mencionados quienes debían cursar y visar la documentación para proceder a los pagos.

    El primero en ser identificado es el presidente del Comité de Vivienda, Roberto Góngora. De acuerdo a la querella, él era quien representaba directamente a la JAVE, “señalando qué conceptos y cuáles montos se debían pagar”.

    Góngora, según acusa el Ejército, también dio su visto bueno a cada uno de los estados de pago cursados y pagados por la JAVE, pese a que a simple vista era evidente que el grado de avance era menor al que mostraban los papeles.

    Los otros

    El segundo en la lista es Felipe Marín Ortiz, ITO (inspector técnico de obras) del proyecto Torreones. Arquitecto de profesión.

    De acuerdo al contrato, sobre él pesaba la responsabilidad de validar el avance físico consignado en cada estado de pago, cotejándolo con la inspección ocular de las obras.

    “Por ello llama tanto la atención que haya visado estados de pago que evidentemente no dicen relación con el avance físico de la obra y con las tamañas irregularidades ya descritas”, versa la denuncia.

    El último -y no menos importante- es Jaime Alcarraz Ulloa, representante legal de la constructora.

    De éste último el Ejército dice: “Comenzando por su profesión, experiencia y habiendo construido nada menos que el terminal de buses de Valdivia, entre otros cientos de proyectos inmobiliarios (…) no puede entenderse el que haya incurrido en las alteraciones que hemos venido denunciando”.

    En junio de este año, la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío reveló que la División de Bienestar del Ejército ingresó un libelo similar en contra de la misma constructora, por hechos acaecidos en Arica.

    La historia es la misma: la empresa cobró por avances en la práctica inexistentes.

    Con este método, versa dicha presentación, obtuvo prestaciones improcedentes por la suma de $972.225.630 por medio de estados de pago adulterados.

    La misma empresa

    Consultado por la Unidad de Investigación de BioBioChile el general de Brigada Luis Felipe Cuéllar Loyola, comandante de la División de Bienestar, explicó justamente que “esta es la misma empresa constructora que estaba desarrollando tres proyectos inmobiliarios. Uno en Arica, otro en Coyhaique y en Punta Arenas”.

    Según cuenta el uniformado, apenas se percataron de lo ocurrido y al detectarse eventuales delitos, el Ejército inició investigaciones administrativas que terminaron en sendas denuncias y querellas ante la Justicia.

    ¿Responsabilidades administrativas? Cuéllar sostiene que los procesos se encuentran cerrados, pero aún en etapa de notificación de los cargos, por lo que descartó ahondar en detalles al respecto.

    Se presume que existen funcionarios sancionados.

    ¿Y los recursos de dónde provenían? “Aquí hay dineros que son de patrimonio de afectación fiscal, no son fondos presupuestarios ni nada de eso (…) Y son dineros que la JAVE solicitó en la banca para financiar estos proyectos”.

    De acuerdo al general de brigada, los proyectos de Coyhaique y de Punta Arenas ya retomaron sus obras con nuevas empresas.

    BBCL intentó ubicar al representante de legal de la compañía querellada sin resultados.

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