Fotografía: Diputado Mauricio Toledo. Foto: captura Youtube del Congreso mexicano.

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  • Mauricio Toledo, hijo de chilenos exiliados en ese país durante la dictadura cívico militar de Pinochet, es acusado de pertenecer a una red criminal de prestanombres para adquirir bienes con dineros de procedencia ilegal, que supera el millón de dólares. En la carta rogatoria, la fiscalía general mexicana detalla también que compró una finca pagando más de 270 mil dólares al contado. La revisión patrimonial que hizo el organismo persecutor establece que los montos no coinciden, toda vez que aparece ligado a cuatro empresas que operan como un esquema criminal. El congresista ha señalado a diversos medios chilenos no confiar en la justicia azteca y acusa persecución política. La Suprema deberá designar un ministro instructor que podría resolver su detención antes de tramitar el caso en su totalidad y devolverlo a México para que enfrente la justicia. El libelo lo revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

    El Estado Mexicano solicitó ante la Corte Suprema chilena la detención con fines de extradición del diputado Mauricio Toledo Gutiérrez, acusado de enriquecimiento ilícito y ser parte de un “esquema de de operaciones con recursos de procedencia” ilegal que suman al menos un millón de dólares.

    Esta semana el parlamentario llegó a Chile denunciando una persecución política, pero hasta ahora no se conocían los detalles que maneja la justicia de ese país y que revela la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.

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    De acuerdo a la carta rogatoria el parlamentario pagó por una finca un monto superior a los 272 mil dólares en febrero de 2011. Desde 2009, sin embargo, apenas recibió como ingresos legales poco más de la mitad de la suma mencionada.

    Agrega la presentación que no existe explicación fáctica para el aumento de capital, toda vez que el monto que canceló por la propiedad, lo entregó en efectivo.

    Al mismo tiempo la autoridad mexicana agregó otro detalle: Toledo Gutiérrez mantiene un departamento cuya adquisición tampoco se sustenta. Ello porque al realizar el cruce de información del análisis patrimonial no se acreditó que tuviera otra fuente de ingreso..

    “(…) su capacidad adquisitiva era por mucho incongruente o discrepante con su capacidad salarial, ya que esta última no podía dar para la adquisición de bienes del ahora investigado”, señala el libelo.

    Insiste en que la “capacidad bursátil” del congresista de la zona de Coyoacán, Ciudad de México es al menos disruptiva en su comportamiento. “Es claro que el notorio aumento de patrimonio (…) no lo ahorró en tu totalidad, y aunque hubiera sido, dicho capital no le hubiera alcanzado para adquirir bienes (…),, sigue.

    La Fiscalía General asevera, además, que entre 2012 y 2019 Toledo Gutiérrez depositó en sus cuentas poco más de 1 millón de dólares, en circunstancias que apenas se pudo justificar poco menos de la mitad, En otras palabras, el supuesto ahorro, era “muy superior”, a lo percibido legalmente.

    De vuelta a México

    (…) Toledo Gutiérrez, muy posiblemente esté relacionado con un esquema de operaciones con recursos de procedencia ilícita, debido a que (…) ha recurrido a un grupo de personas que fungen como prestanombres para diversos actos de compraventa de bienes inmuebles y así realizan operaciones financieras sin que estén ligadas a tales actos”, establece la petición de extradición y detención.

    Toledo Gutiérrez está relacionado con empresas vinculadas a familiares “partícipes del esquema”. Asimismo a otras cuatro a las que prestó servicios mientras era un servidor público.

    Entre las mencionadas constan Bactroa Corporate, Integradores Kyoszen, International Comerce y Consultoría de Gestión Empresarial Lebrija, lo que de acuerdo a la autoridad requirente provocaba un abierto conflicto de interés, atenida a la prohibición legal de participar en actividades empresariales en su calidad de funcionario público.

    Actualmente, Toledo Gutiérrez reside en Chicureo y es patrocinado por los abogados Samuel Donoso junto al estudio de Luis Masferrer y Gonzalo Cisternas, hijo de un exministro de la Suprema.

    En diversas declaraciones a los medios chilenos, aseguró no confiar en la justicia de su país. Eligió a nuestro país -luego de ser desaforado en el parlamento nacional-, porque sus padres son chilenos. Estos últimos llegaron al país del norte en calidad de refugiados políticos en 1980, huyendo de la dictadura cívico militar de Pinochet.

    En la Corte Suprema, el caso está en plena tramitación. La primera actuación que deberá realizar la presidencia del máximo tribunal, será designar a un ministro sustanciador de la causa. Hecho eso, el magistrado a cargo podría ordenar la detención, mientras resuelve si lo envía de vuelta a México.

    De ser así dictará una resolución de primera instancia la que deberá ser confirmada o revocada por la Segunda Sala (penal).

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